El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentará una iniciativa para tipificar como delincuencia organizada el que agrupaciones del crimen recluten a menores de edad para trabajar en el tráfico de armas, drogas y servicios sexuales.

De acuerdo con el legislador, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha estimado que casi 35 mil niños mexicanos son parte de estas redes delincuenciales que los obligan a ser parte y víctimas del crimen desde temprana edad.

La propuesta prevé reformar el Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños para tipificar esta práctica como un delito grave, y será presentada por el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la sesión de este martes.

La misma promoverá la obligación de las autoridades para que adopten medidas en “identificar, procesar y sancionar a los agentes estatales o personas civiles que ejecuten, autoricen, colaboren o faciliten el reclutamiento de personas menores de edad o su utilización en conflictos armados”.

La Redim advierte también que los menores reclutados por las fuerzas del crimen, además de participar directamente en las operaciones ilícitas, llevan a cabo tareas que repercuten seriamente en su bienestar emocional y ponen en riesgo su vida.

“En nuestro país no está tipificado el reclutamiento y el uso de niños menores de 15 años para participar en hostilidades, no obstante que el Derecho Internacional Humanitario lo prohíbe, y la Corte Penal Internacional lo define como un crimen de guerra”, expresó el senador.

Esta propuesta se suma a la que presentó la senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN), en febrero pasado, con la que pretende facultar al Congreso para expedir las leyes generales para prevenir y a la vez castigar el homicidio, la violencia sexual y el reclutamiento forzoso a la delincuencia organizada de niñas, niños y adolescentes.

El senador Monreal Ávila también impulsará la implementación de políticas, mecanismos e instituciones especiales para reinsertar en la vida social a niñas, niños y adolescentes que hayan participado como integrantes de organizaciones armadas, estatales o no gubernamentales.

Lo anterior, también en respuesta a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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