Radican expediente de juicio político contra Rosario Robles

El expediente por la "estafa maestra" será remitido a la Sección Instructora hoy mismo

rosario robles
Nación 28/11/2019 17:51 Carina García y Horacio Jiménez Ciudad de México Actualizada 17:51
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Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación radicaron hoy el expediente de juicio político en contra de la ex funcionaria Rosario Robles por el caso de la Estafa Maestra y lo remitieron a la Comisión Jurisdiccional, misma que detonará el inicio formal del procedimiento.

En sesión de Comisiones unidas se avaló el expediente y dictamen emitido ayer por la sub comisión de Examen Previo sobre el caso Robles, con 46 votos de diputados de todos los partidos y de ambas comisiones, con 3 votos en contra, todos del PRI.  

Con eso se determinó que existen los elementos para pasar a etapa de instrucción, por lo que hoy mismo el expediente será remitido a la Sección Instructora, que preside la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, de Morena y será esta instancia la que realice todo el proceso de juicio para llegar a una resolución formal.

Las presidentas de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera (Morena) y de Justicia, Pilar Ortega (PAN), confiaron en que esa Sección Instructora garantizará que se cumpla el artículo 18 de la Constitución, para el debido proceso y la defensa de la funcionaria de manera personal.

Así, de permanecer Robles en prisión para entonces tendría que solicitarse un permiso a las autoridades penitenciaras para que pueda presentarse a argumentar en su favor.
Las presidentas de ambas comisiones explicaron que por el caso de la Estafa Maestra se presentaron 4 denuncias pero sólo cumplieron la formalidad las promovidas  en 2013 por Silvano Aureoles, entonces líder de la bancada del PRD y por el ex líder del PAN en San Lázaro Luis Alberto Villareal.

PRI EN SILENCIO, VOTA EN CONTRA

Los diputados del PRI que integran ambas comisiones se salieron de la discusión, y regresaron únicamente para votar, por lo que no presentaron argumentos en defensa de Robles.

Así, sólo hubo sus tres votos en contra, 46 votos en contra de diputados de Morena, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y PES. 

En el debate los diputados Lorena Villavicencio (Morena), Martha Tagle (Movimiento Ciudadano), Verónica Juárez Piña (PRD) y Elías Lixa (PAN), evidenciaron que hubo celeridad en iniciar este proceso contra Robles, pero hay muchos más funcionarios involucrados.

La diputada Lorena Villavicencio, de Morena, cuestionó que no estén sometidos al mismo proceso otros relacionados con la Estafa Maestra y además ¿Cuál es la pretensión además de inhabilitar y llevar a la cárcel si ya está inhabilitada y ya está en la cárcel en este momento?

Robles –agregó Tagle- “ya dejó el cargo por tanto no puede ser destituida y por la vía administrativa ya está inhabilitada por 10 años.

Hubo 11 dependencias del gobierno federal vinculadas a la estafa maestra y Robles es la única señalada por el desvío de 7 mil millones cuando estuvieron involucradas y señaladas Pemex, Sedesol, Fovisste, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, INEA, y otras, refirió. 

En Pemex fue señalado el ex titular Emilio Lozoya pero ninguno enfrenta un juicio político similar, “me parece que estamos haciendo una actuación parcial, si de verdad se quiere sentar precedente de justicia y combate a la corrupción se debe actuar en conjunto contra todos los responsables”, acusó.

“No se puede actuar con cacería de brujas  ni haciendo leña del árbol caído sino desarticulando las redes de corrupción” y por lo menos en este tema se está actuando parcialmente.

Juárez Piña destacó que fue la denuncia promovida por el PRD en 2013 la que ahora procede, seis años después y advirtió que quien debería ya estar sometido a juicio político es el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Por eso demandó información del avance de las investigaciones  de éste y otros casos de corrupción pues lo grave es la violación a derechos humanos de millones de mexicanos que, por los desvíos de recursos no pueden acceder todavía hoy a bienes y servicios públicos a los que originalmente estaban destinados.

jn

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