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A pesar de que el gobierno federal y los gobernadores del país acordaron un decálogo de acciones para disminuir la incidencia delictiva, en el que se invertirán más de 11 mil millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos, algunos mandatarios estatales anunciaron que pedirán más recursos para atender la inseguridad.
Al instalar el Consejo Nacional de Seguridad Pública y ante la mayoría de gobernadores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una comunicación abierta y franca a los mandatarios estatales, y se comprometió a que su gobierno no impondrá absolutamente nada a las administraciones locales.
“Les dejo un abrazo afectuoso, respetuoso y mi mano abierta, franca, para trabajar juntos por el bien de la República. No vamos a imponer absolutamente nada”, expresó.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de organismos de la sociedad civil, el primer mandatario hizo un reconocimiento especial al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, por haber actuado “a la altura de las circunstancias” en la atención por la explosión del ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan.
“Quiero hacer un reconocimiento especial al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, porque en circunstancias muy difíciles, dolorosas, supo estar a la altura de las circunstancias y sin mezquindades, hizo todo lo que ameritaba la circunstancia para que trabajáramos juntos, unidos y enfrentáramos esta desgracia que enlutó al pueblo de Hidalgo y al pueblo de México, mi agradecimiento, mi reconocimiento al gobernador del estado de Hidalgo”, expresó.
El mandatario nacional ofreció un breve mensaje, de aproximadamente 10 minutos, en el que agradeció a los gobernadores por su apoyo en la lucha contra el robo de combustible y también al Poder Judicial por mantener una relación de respeto y de colaboración con el Ejecutivo.
Después se retiró y dejó la conducción de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien anunció una inversión de 11 mil millones de pesos y enumeró el decálogo en el cual se va a invertir para priorizar la capacitación, profesionalización y certificación de las policías, las cuales también serán equipadas.
El presupuesto va dirigido también a la creación de unidades de inteligencia financiera en las 32 entidades para el combate de los delitos de ese rubro; se fortalecerán los servicios médicos forenses y se apoyará al sistema penitenciario en la ejecución de medidas para adolescentes.
Durazo indicó que se contempla fortalecer los sistemas de interconexión estatales y municipales, y los sistemas de radiocomunicación policial. Además, reforzarán el registro vehicular, el sistema de vigilancia y geolocalización e impulsarán un modelo nacional de policía.
“Estas líneas estratégicas buscan la mejora de las capacidades y recursos en todos los niveles, estimulan la coordinación de las acciones y promueven el respeto a los derechos humanos”, indicó.
Al finalizar el Consejo Nacional de Seguridad, algunos gobernadores mostraron su inconformidad con la asignación de recursos en cada estado y anunciaron que hoy, en una nueva reunión, buscarán más presupuesto.
Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, aseguró que tienen la opción de hacer observaciones al presupuesto en materia de seguridad que le corresponde a su estado, porque “con la nueva fórmula, corresponden repartos diferentes”.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió que suba el presupuesto a seguridad, porque al contar con los mismos recursos para la materia y repartirlos, obviamente algunos estados recibirán menos.
Durante la instalación del consejo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, advirtió sobre su preocupación de que en la estrategia contra la inseguridad, las Fuerzas Armadas lleven el peso del combate a la criminalidad.
Organizaciones de la sociedad civil plantearon al Presidente una serie de propuestas para coadyuvar en la atención de la crisis de violencia e inseguridad que afecta al país.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, solicitó que se renueve y se amplíe la estrategia contra el secuestro, ya que la anterior prescribió, así como una mayor atención a las víctimas.
