A un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Poder Judicial de la Federación (PJF) que se investigara al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó la entrada en vigor de la reforma eléctrica, no hay ninguna pesquisa en su contra.
El mismo juez concedió ayer la primera suspensión provisional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede ser violatoria de los derechos humanos.
El pasado 15 de marzo, López Obrador envió una carta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la que solicitó expresamente iniciar una investigación contra Gómez Fierro debido a las suspensiones que concedió contra la reforma eléctrica y señaló que detrás de los amparos contra dicha modificación legal existe un grupo empresarial con intereses contrarios a la Constitución.
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Ese mismo día, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió, también mediante una carta a la Presidencia, que el CJF a su cargo revisará su petición para resolver si procede o no indagar al juez.
Fuentes del PJF confirmaron a EL UNIVERSAL que hasta el momento el asunto permanece en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y que no se ha abierto ninguna investigación contra el juez Gómez Fierro derivada de la solicitud del Presidente.
Ahora, contra el padrón de celulares
La suspensión que otorgó ayer el juez Gómez Fierro contra el Panaut únicamente beneficia al quejoso Óscar González Abundis, quien solicitó un amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al considerar que la misma puede no ser idónea para la persecución de delitos.
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El juez mantiene pendiente la admisión o desechamiento de otros dos amparos contra el Panaut, pues requirió a los quejosos que realicen diversas precisiones en sus demandas.
La reforma reclamada obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus líneas en el Panaut para que no les sean canceladas. La medida concedida por el juez federal únicamente tiene como efecto que González Abundis no pueda ser obligado a entregar sus datos biométricos y que sus líneas de telefonía celular no queden canceladas por esta falta.
En la suspensión provisional, pública en los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Gómez Fierro reconoció que la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la investigación y persecución de delitos.
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“De un análisis superficial —como el que implica analizar la apariencia del buen derecho— este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos.
“Es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, esgrimió. El juez citó a una audiencia incidental, el próximo 27 de abril, en la que decidirá si concederá o no la suspensión definitiva.
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La reforma impugnada fue publicada el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación y, con ella, se ordenó al IFT hacerse cargo del Panaut, que reunirá la información biométrica, que será compartida con autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos.
“Las instancias de seguridad (...) tienen expeditas sus facultades para continuar con la investigación de delitos e, incluso, para lograr la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil involucrados en una investigación (...), así como obtener la entrega de los datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, de conformidad con los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, señaló el juez.