Ejidatarios de Sonora piden remoción de la directora del ANP de Álamos

A unas horas de la llegada a Sonora del presidente Andrés Manuel López Obrador , integrantes de los ejidos de La aduana, Tetajiosa, Agua Caliente, Choquincahui, Baboyahui, Guirocoba y la comunidad de Minas Nuevas, ubicados en este municipio pidieron la remoción de la directora del Área Natural Protegida (ANP) de Álamos, Elvira Rojero Díaz .

Previo a la llegada del primer mandatario y ante la directora regional del Noroeste y del Alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Ana Luisa Rosa Figueroa Carranza, acordó con los ejidatarios de esta región que un funcionario de “alto nivel” de la institución acudirá hasta este lugar para investigar las denuncias de corrupción, malos manejos y ejercicio indebido del servicio público de Rojero Díaz.

Ésta última fue acusada por los campesinos de corrupción, malos manejos y frenar todo tipo de actividad productiva sustentable que les permita vivir del producto de sus tierras, además de negarse a transparentar el uso de recursos públicos que ejerce la ANP de Álamos

Por su parte, el presidente del comisariado ejidal de la Aduana, Manuel Torres Trujillo, y el activista José Manuel Escobedo Prieto, señalaron a Rojero Díaz de perpetuarse en el cargo durante los tres sexenios anteriores, escudándose en mentiras y acusando a las más de mil 200 familias de ejidatarios de propiciar deterioros en la reserva natural.

Ante la funcionaria de la CONANP, una comisión de ejidatarios planteó la necesidad de destituir a la funcionaria por presuntos actos de corrupción, al presumir el desvío del dinero destinado a la conservación de esta área natural protegida, para utilizarlo en fines personales.

Responsabilizaron a Rojero Díaz de crear un clima de división e intimidación entre los campesinos que conforman el 70 por ciento de la población de este municipio, que habitan localidades catalogadas por el INEGI como de alta y extrema pobreza.

Pretende, de acuerdo con la comisión representativa de ejidatarios, presionar a sus compañeros fabricándoles pruebas de supuestos daños a la ecología de la reserva, pero en realidad todo ha resultado en mentiras de la funcionaria. “Falsifica información para ocultar su incapacidad”, acusaron.

Bajo ese contexto, responsabilizaron a Rojero Díaz de condicionarles la entrega de apoyos, a cambio de realizar actividades o presiones para evitar o prohibir la generación de trabajos sustentables y amigables con la naturaleza que ayuden a los ejidatarios a alcanzar niveles de bienestar social en todos los ámbitos.

Durante un recorrido por las comunidades afectadas por la gestión de la funcionaria, ejidatarios dijeron que a ellos se les ha prohibido incluso el acceso a la zona, bajo el pretexto de evitar que tomen varas o madera seca para las hornillas donde preparan sus alimentos.

Mujeres, ancianas, jóvenes y representantes de estos ejidos indicaron que las autoridades en Álamos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas , les condicionan también apoyos para que acepten su decisión de prohibir los trabajos de exploración minera que actualmente se realizan en la zona.

No sabemos si hay detrás de ello algún interés oculto de la funcionaria, o bien si ésta recibe a cambio dinero por impedir esos trabajos que dan empleo a más de 700 personas y benefician a cientos de familias campesinas, pero que la ley y la propia Semarnat contempla como parte de las actividades productivas que son sustentables.

Los campesinos denunciaron igualmente que desde la semana pasada, las autoridades de la ANP en Álamos, Sonora, han utilizado los vehículos oficiales para la realización de actividades ajenas a su función. Esas actividades han consistido en usar esos vehículos para que extranjeros que residen en la zona recorran las comunidades para presionar a sus habitantes y obligarlos a la firma de documentos de supuesto rechazo a las actividades productivas en la región.

A cambio de su firma, prometen a los ejidatarios tramitar y entregarles recursos de programas públicos, lo que constituye un ejercicio indebido del servicio público y corrupción que actualmente está catalogada como un delito grave, por lo cual exigieron que se le investigue.