Detenidas, reformas de AMLO ante virus

La pandemia por el coronavirus (Covid-19) no solamente dejará la pérdida de empleos y una reducción en el crecimiento económico, también provocó un freno a la aprobación de distintas reformas que están incluidas en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los distintos grupos parlamentarios.

El Congreso de la Unión, desde el pasado jueves 19 de marzo, se paralizó y prácticamente dejó de tener reuniones presenciales para evitar grandes contagios. Con esto van a cumplir casi dos meses sin tener reuniones presenciales, salvo algunas que ha tenido el Senado y la Comisión Permanente.

Antes de suspender las sesiones, la Cámara Alta logró aprobar la Ley de Amnistía y la que eleva a rango constitucional el otorgar apoyos económicos, a través de programas sociales, a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Pero quedaron pendientes de aprobarse proyectos del Jefe de Estado, como la iniciativa que buscaba la bancarización de los jóvenes menores de 18 años para que puedan recibir apoyos económicos; la eliminación del fuero constitucional; la Ley de Salarios Máximos para que nadie gane más que el Presidente; la reducción de 50% de las prerrogativas de los partidos, y las reformas al sistema penal, que presentaron en conjunto los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Y también quedó en la congeladora la iniciativa más recien que presentó López Obrador para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación, a su consideración, cuando se presente una emergencia económica o de salud.

De igual modo se quedó pendiente la agenda que todos los grupos parlamentarios fijaron al inicio del periodo ordinario, el cual arrancó el pasado 1 de febrero y que quedó inconcluso por la llegada de la pandemia.

Por ejemplo: la llamada Ley Nieto, que serviría para otorgarle más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda; la legalización de la marihuana con fines recreativos; la prohibición del outsourcing, y la reforma electoral para eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), entre otras.

El pasado 23 de abril, el Presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poder cambiar el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin restricciones, en caso de que se presentaran emergencias económicas; no obstante, la oposición se negó debido a que la consideraron autoritaria, pues, dijeron, le resta facultad a San Lázaro de aprobar el presupuesto.

Pero todo se trabó en el Congreso de la Unión, cuando la oposición determinó que no votaría a favor de ir a un periodo extraordinario para avalar este proyecto, y a Morena y sus aliados no les alcanzaba con sus votos, además de que se aceptó la recomendación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien aseveró que al estar en la semana de más alto contagio no era recomendable sesionar.

A raíz de que no hay reuniones presenciales, los diputados y senadores han optado por reuniones virtuales en las que han tenido encuentros con las comisiones o con distintos funcionarios públicos para conocer más de cerca las implicaciones de la pandemia.

Freno a la agenda

Especialistas en temas políticos y legislativos coincidieron en que sí se frenó la agenda del Mandatario y de los representantes por la pandemia, aunque afirmaron que lo más preocupante es que el Poder Legislativo no ejerce su facultad de fiscalizar las acciones del gobierno en materia de salud y las adecuaciones presupuestales que está realizando el presidente López Obrador.

“Aunque formalmente no ha cancelado su actividad el Poder Legislativo, porque para ello necesitarían un acuerdo para tal fin, lo que es cierto es que efectivamente la pandemia ha causado que algunas de las actividades ordinarias se suspendan o tomen una dinámica mucho más lenta.

“Lo preocupante no es que no estén analizando las propuestas del Presidente, [sino] que no estén fiscalizando las acciones del gobierno en materia de salud y las adecuaciones presupuestales que en los hechos está haciendo la administración”, aseguró el politólogo Khemvirg Puente Martínez.

Agregó que otra de las principales funciones del Congreso no sólo es legislar, sino controlar la acción del gobierno, incluso cuando hay mayoría por parte del partido ganador y esta función no es renunciable, y que, aun cuando no hay sesiones plenarias, se puede realizar a través de sesiones de comisiones, comparecencias, audiencias y estas parece que no se están realizando en todas las comisiones que tendrían que tener un interés específico.

“Es necesario revitalizar y es necesario que el Congreso, ambas Cámaras [Alta y Baja] se adapten a la nueva realidad y, de esa forma, celebren sesiones vía remota para que no se interrumpa la actividad legis-lativa ni la de control parlamentario, que en mi opinión tiene mucha mayor relevancia”, explicó el también profesor de la UNAM.

Añadió que ve difícil que se convoque a un periodo extraordinario si Morena insiste en autorizarle al Presidente la iniciativa que envió para que la Cámara Diputados renuncie a sus facultades presupuestarias.

“Lo más probable es que, por primera vez, los legisladores de Morena se vean en la necesidad de negociar, en el ámbito parlamentario, una iniciativa presidencial y ceder a las observaciones de la oposición, que al parecer no está dispuesta a debilitar aún más al Poder Legislativo mediante esa iniciativa presidencial en materia de presupuesto”, agregó Khemvirg Puente.

El politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo, dijo que se tuvieron que suspender los trabajos en el Legislativo para no poner en riesgo la vida de los diputados y demás personal, y quién sabe hasta cuánto tiempo más.

Dijo que se tienen que tomar las medidas y calcular bien las acciones necesarias para no poner en riesgo a los legisladores y al personal; como en todo, refirió, tiene que haber un cálculo de ver hasta donde la salud peligra o no “y ni modo, es un costo económico y aquí es en lo legislativo, que tienen que calcular (...) Yo sí creo que tienen que esperarse hasta que ya no haya tanto riesgo, pero ellos tendrán que ver en qué momento se da ese punto, porque no es una cuestión tan precisa, ni modo es un costo más de la crisis”, abundó.

Opinó que no sabe si habría costos políticos para el gobierno de López Obrador por no avanzar en sus reformas, pero sí dijo que hay algunas modificaciones que se podrían hacer desde el Poder Ejecutivo a través de algunos decretos.

“No sé si habrá costos políticos porque no se aprobaron algunas reformas, porque no sé cuáles leyes tenga que reformarse, en lo económico, por ejemplo, o cuántas decisiones pueda tomar de manera directa el Presidente para salvaguardar la economía.

“Habrá que ver cuáles cambios sí se requieren en el Congreso, porque hay una buena cantidad de cambios que el Presidente puede decidir y, en dado caso de que se requiera la aprobación del Congreso, pues cuando regrese a hacerlo”, opinó Crespo.