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De Lozoya a Duarte, así fueron las extradiciones de estos políticos

Aunque alguna vez gozaron del poder varios exgobernadores y funcionarios terminaron detenidos en el extranjero

duarte borge y lozoya
Nación 17/07/2020 02:27 Ciudad de México Actualizada 02:27

Al igual que la extradición y comparecencia de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ante un juez mexicano, las extradiciones y audiencias de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge, generaron mucha expectativa en México por ser los primeros altos funcionarios acusados de actos de corrupción en llegar a juicio.

La preparación para la llegada de estos personajes no sólo ocurrió al interior de las autoridades mexicanas sino también entre los medios de comunicación.
En EL UNIVERSAL te invitamos a recordar cómo informamos los casos Duarte y Borge y a conocer todo lo que pasó tras bambalinas.

JAVIER DUARTE

En julio de 2017, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte fue detenido en un hotel de lujo en Guatemala y a los pocos días inició su proceso de extradición.

En El Gran Diario de México el fotógrafo Luis Cortés publicó la histórica foto del ex gobernador tirado e impotente en una jaula móvil utilizada por la policía de Guatemala para trasladar a los imputados.

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Foto: Luis Cortés / EL UNIVERSAL

Las audiencias en Guatemala fueron transmitidas en tiempo real por internet e incluso los periodistas de aquel país tuvieron oportunidad de entrevistar al ex mandatario quien enfrentaba acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.

De esas entrevistas se hizo famoso el video de: “paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia”; en el que se vio a un Javier Duarte despreocupado y casi ajeno a lo que estaba por ocurrir.

El 17 de julio a las 09:43 de la mañana las autoridades guatemaltecas entregaron legalmente al ex mandatario a la Procuraduría General de la República (PGR) y llegó a México en medio de un operativo de seguridad en el que también participó la Policía Federal, alrededor del mediodía.

Al descender del avión, el ex mandatario lucía una imagen diferente al look hípster observado en las audiencias de Guatemala.

Sin barba y sin copete estilo hípster se presentó con un rostro duro y serio ante las autoridades mexicanas que le realizaron un examen para certificar su estado de salud antes de ser trasladado al Reclusorio Norte.

Además, le fue notificada la ejecución de la orden de aprehensión federal librada por el juez de control Gerardo Moreno García.

A diferencia de lo que ocurrió en Guatemala, en México los medios de comunicación estuvieron limitados por las autoridades a no acercarse al imputado y a conformarse con las imágenes difundidas por la PGR en las que se cubrió el rostro del ex mandatario estatal para no violar su presunción de inocencia.

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La camioneta que llevó a Duarte al Reclusorio llegó al lugar a las 14:30 horas aproximadamente desde donde se informó que casi al mismo tiempo llegó su abogado Marco Antonio del Toro quien desde ese momento anunció que la jornada sería larga.

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El juez de control fijó para su audiencia inicial las 17:00 horas de ese día para dar tiempo a que Duarte ingiriera alimentos y se entrevistara con su abogado.

Más de 20 medios de comunicación esperaban entrar a la diligencia, razón por la que los reporteros interesados hicieron guardia afuera del Reclusorio Norte desde las 12:00 horas para lograr entrar.

El Consejo de la Judicatura Federal logró que el juez autorizara la utilización de una sala alterna para garantizar el acceso a todos.

La audiencia duró aproximadamente seis horas en las que la PGR expuso los datos de prueba que tenía contra el ex gobernador para fincarle delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su abogado Marco Antonio del Toro solicitó la duplicidad del término constitucional y el juez fijó las 10:00 del sábado siguiente para continuar y permitir que la defensa expusiera sus argumentos.

Javier Duarte pactó con la PGR para llevar su procedimiento abreviado a cambio de una sentencia mínima, para ello la Procuraduría modificó uno de los delitos que le imputó de delincuencia organizada a asociación delictuosa.

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El 26 de septiembre de 2018, Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.

ROBERTO BORGE

En enero de 2018 México recibió al segundo ex gobernador acusado por conductas de corrupción, se trató de Roberto Borge Angulo a quien la PGR imputó lavado de dinero.
Borge fue detenido en Panamá y luego de 214 días fue enviado a México donde lo recibió su abogado Antonio Collado.

Desde el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde llegó el 4 de enero de 2018 a las 14:00 horas, Borge fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México donde desde una noche antes le esperaban diversos medios de comunicación.

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Esto, debido a que el CJF informó que las instalaciones del Centro de Justicia únicamente tenía capacidad para 10 personas dentro de la sala de audiencias y otras 10 en la sala contigua a reserva de que el juez determinara que no permitiría el acceso a medios de comunicación.

La fila afuera del Centro de Justicia comenzó desde el 3 de enero a las 22:00 horas y aunque la audiencia de Roberto Borge estaba programada para las 15:00 horas del 4 de enero, los policías que lo trasladaron se equivocaron de lugar y la diligencia se retrasó para las 17:00 horas.

Al lugar no sólo llegaron los abogados de Borge y medios de comunicación, la PGR envió un equipo de más de 10 ministerios públicos para auxiliar a quienes comparecieron y para observar la diligencia.

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Más de 30 personas permanecieron paradas o sentadas en el piso y el de la sala contigua habilitada por el CJF para los reporteros.

La defensa de Roberto Borge pidió al juez decidir ahí mismo la situación jurídica de su cliente lo que resultó en que la diligencia durara 16 horas.

Aproximadamente a las 7:00 horas, la audiencia terminó con el ex gobernador de Quintana Roo vinculado a proceso por lavado de dinero de un desvío millonario que según la PGR se calculó por más de 900 millones de pesos, mayor al presupuesto anual de 2017 asignado al pago de nómina de los 273 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Su juicio no ha logrado avanzar debido a que existe un amparo pendiente de resolución en el que su defensa impugnó la vinculación a proceso.

cg

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