El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Fiscalía General de la República (FGR) información del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de sus familiares, relacionada con posibles operaciones financieras irregulares.

La FGR indicó que recibió información sobre las posibles responsabilidades penales del gobernador, sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca y su suegro José Ramón Gómez Reséndez.

Así como de diversas empresas comerciales, desarrolladores e industriales “vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”, dijo.

La fiscalía general precisó que la información será conformada con las diligencias que debe realizar junto con las autoridades hacendarias respectivas, a fin de imputar las responsabilidades penales que procedan.

El 23 de febrero, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca y envió copias de la investigación que inició la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Como parte del proceso, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, compareció ante la Cámara de Diputados, donde informó que detectó la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, por 42 millones de pesos, y la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, por 38 millones, mismo que habría sido adquirido por una empresa fantasma, propiedad de un socio del mandatario tamaulipeco.

Y que el gobernador adquirió a través de socios y familiares diversos inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, y McAllen y Edimburgo, Texas, valuados desde 5.9 a 10.7 millones de pesos.

El pasado 30 de abril el desafuero fue aprobado a nivel federal, pero en el Congreso de Tamaulipas los diputados rechazaron el juicio de procedencia y reconocieron a García Cabeza de Vaca como gobernador de la entidad.

Por ello, presentó una controversia constitucional contra la resolución emitida por la Cámara de Diputados para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida qué autoridad tiene competencia para desaforar al gobernador.

La controversia fue recibida por la Suprema Corte el pasado 9 de mayo, cuando el ministro presidente Arturo Zaldívar ordenó turnarla al integrante de la SCJN que corresponda por turno quien deberá definir si la admite o la desecha.

Luego de darse a conocer la recepción por parte de la FGR de información estadounidense sobre el gobernador y sus familiares, el coordinador de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, insistió en que el Congreso estatal debió separarlo del cargo.

“Desde la @Mx_Diputados contribuimos a que ya no haya actos de impunidad en el país. En el caso de Cabeza de Vaca, el Congreso estatal tuvo que haber separado del cargo al gobernador que, de acuerdo con la FGR, cometió un ilícito”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Los gobernadores de la Alianza Federalista y de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) han cerrado filas en torno al mandatario tamaulipeco y han acusado, a su vez, una persecusión política por particpar en este bloque opositor.

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