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El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ricardo Bucio, urgió al Poder Legislativo a sacar de la congeladora la Ley General de Adopción, para que con ello salgan de la vulnerabilidad los menores en resguardo del Estado.

“Es indispensable que tengamos una Ley General de Adopción, y más aún, una Ley Nacional de Adopción, un marco legal que establezca la posibilidad de que los derechos sean garantizados para todas las personas en el territorio nacional, independientemente de quién les gobierna, quién dirige un sistema de protección especial, independientemente de quién dirige el DIF”.

Al participar en el foro La Adopción en México: Retos y Necesidades de los Iinfantes, organizado por el Senado, Bucio dijo que es indispensable contar con una ley nacional que homologue los procedimientos, pues en el país hay alrededor de 60 modelos que entorpecen la adopción.

“Tenemos estados que en un año dan 100 adopciones; al año siguiente dan dos adopciones. Los mecanismos son muy distintos, los conocemos, es este tema el que nos reúne aquí. Necesitamos un Sistema Nacional que no suponga diferencias y que sí establezca el interés superior de la niñez que es justamente los niños que están en posibilidad de ser adoptados, no de los adoptables”.

Señaló que en el caso de la ley de telecomunicaciones todos los celulares en el país están regulados, pues sabemos en dónde están, quién los usa, cuántos minutos, quién paga, quién cobra, quién da el servicio.

“Pero cuando hablamos de adopción, estamos viendo que no sabemos todo esto, no sabemos todos estos datos acerca de las niñas, los niños, los adolescentes que son susceptibles de ser adoptados, y esto va en sentido contrario a lo que establece el Comité de los Derechos del Niño, que indica que la punta de lanza, de alguna manera la vanguardia de un sistema de protección integral, tiene que ser el sistema de adopciones”, dijo.

Por su parte, el procurador Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique García, aseguró que uno de los retos inmediatos es contar con información y datos precisos de cuantos menores son susceptibles de adopción. Reconoció que hoy esa procuraduría tiene que ser un ente que en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil tengan una comunicación estrecha para que se logre una legislación en la materia.

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