Una nueva práctica entra en vigor en el actual gobierno. Los periodistas ahora no solo tienen la misión de informar y tratar de poner luz sobre actos de corrupción , sino que ahora están obligados a colaborar en las investigaciones de las autoridades y a cargar con los costos de certificar ante notario público su información para que pueda ser utilizada por las autoridades en sus propias pesquisas.

Es el caso del periodista Carlos Loret de Mola , quien fue requerido por la autoridad, en este caso la Secretaría de la Función Pública , para que “en un plazo de siete días hábiles” “presente copia certificada de toda la documentación con la que cuenta”, así como de las “videograbaciones” en el caso de la nota periodística sobre los presuntos actos de corrupción en Pemex y su relación con la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto .

El pasado lunes EL UNIVERSAL publicó información que revela el contenido de una grabación realizada por la empresa privada de espionaje Black Cube en la que un exfuncionario de Pemex afirma que proveedores de la petrolera mexicana entregaron sobornos por 2 mil millones de pesos que fueron utilizados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. La información también fue difundida por el periodista Loret en su espacio informativo en W Radio.

De esta manera, resulta que ahora, además de hacer el trabajo que algunas autoridades no realizan, los periodistas también tienen que entregar los resultados de sus investigaciones a las autoridades, y más aún, contratar los servicios de un notario público para certificarlas.

¿Alguien le habrá explicado a la Secretaría de la Función Pública cuál es el papel de la prensa en una democracia?

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