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Anulan pruebas contra la maestra

14/08/2018
03:35
Teresa Moreno
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La Procuraduría General de la República (PGR) y Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtuvieron las pruebas en contra de Elba Esther Gordillo Morales por medios ilícitos, al violar el secreto bancario sin mediar orden judicial, por lo cual el tribunal unitario que sobreseyó el caso de la maestra, las declaró nulas.

“Ni la Procuraduría General de la República ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran constitucionalmente facultadas para requerir por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y/o documentación relativa a operaciones bancarias (...) que se encuentran protegidas por el secreto bancario (...). Una medida o actuación del Estado que represente un ataque a ese derecho humano en su manifestación específica de secreto bancario, debe sujetarse a control judicial”, señala la sentencia.

Sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, indica: “Aquella información resulta ilícita, al no haber sido obtenida a través de los conductos legales”.

Se declaró nula la información obtenida a partir de los estados de cuenta, información de apertura de cuentas bancarias y los documentos relativos a estos procesos, ade más de los dictámenes contables, emitidos por peritos de la Secretaría de Hacienda y la PGR.

“Se conciben como nulas, no son susceptibles de ser analizadas, menos consideradas para efectos de emitir cualquier tipo de resolución”.

Esta fue parte de la resolución de sobreseimiento de la causa penal en contra de la ex lideresa magisterial por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que tomó el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, de acuerdo con la toca penal 156/2018 a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, documento fechado el pasado día 7 de agosto.

La información bancaria que obtuvo la PGR para sustentar su acusación se refiere a movimientos financieros entre 2009 y 2012 en dos cuentas del SNTE en el banco Santander, que en ese periodo recibieron depósitos por 30 millones 644 mil 780 pesos y se hicieron retiros por 30 millones 650 mil 107 pesos.

La PGR acreditó las operaciones financieras para triangular dinero del sindicato: retirarlo de las cuentas bancarias del sindicato, después depositarlo a cuentas de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, y la empresa Gremio Inmobiliario El Provisor que tiene como socios a Gallardo Chávez y Díaz Flores.

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