Plantean prórroga para los burócratas

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, informó que se propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre próximo para que los burócratas del país presenten su declaración patrimonial. Afirmó, no habrá sanciones ni persecución, porque los servidores públicos no son delincuentes.

Ayala Almeida dijo que, en caso de presentarse la ampliación, habría asesoría para quienes estén obligados, pues subrayó que no todos deberán hacerlo en virtud de que hay quienes tienen salarios muy bajos, por lo que les pidió estar tranquilos.

Al ser cuestionado sobre si habría persecución o sanciones a quien no presente su declaración, ante la inquietud y temor de trabajadores, sobre todo, los que ganan menos, respondió que “de ninguna manera corren riesgos, no habrá sanción alguna, ni la pérdida de su empleo. Lo aclaro y lo afirmo, estamos en defensa total, no se trata de ninguna manera de encontrar sanciones”.

Añadió que se trata de una colaboración, de una coadyuvancia con el gobierno federal y de la Ciudad de México que [éste último] se manifestó este sábado en su Gaceta Oficial dando extensión hasta el 31 de diciembre y se cuidará que no exista la presión, sino voluntad de todos los trabajadores, con la orientación. Estamos obligados a llevar a cabo esto de parte de los 82 sindicatos que se integran en la FSTSE, dijo.

Ayala Almeida informó que habrá reuniones para la capacitación de los trabajadores, a quienes comprometió: “Tengan la plena seguridad de que no cederemos a ninguna acción que vaya por imposiciones, menos permitir situaciones que lastimen las condiciones de los trabajadores. Este será un proceso consensuado y progresivo”.

El dirigente sindical dio a conocer que en junio presentarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una petición de incremento salarial y en las prestaciones sociales, así como la basificación [en sus plazas] de miles de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México”. Esto, “porque alrededor de 60% carece de seguridad social y por ahora sólo existe una caja de ahorro para brindarles seguridad social integral”.

Insistió en que el proceso de declaración será gradual, pues se considera el hecho de que no todos cuentan con las herramientas como internet o equipo de cómputo. Es decir, no están preparados, de ahí la coadyuvancia con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, con respeto a los derechos de los trabajadores establecidos en la ley.