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Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que no existe un abuso del máximo tribunal en la revisión del proceso legislativo, como plantea Morena para impulsar la reforma al Poder Judicial.
“No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante, son los tres: votaciones, publicidad y, por favor, que escuchen, que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Únicamente como dato curioso, desde 1996, la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? Cuatro. Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”, dijo.
Durante su participación en el cuarto foro para analizar la reforma al Poder Judicial “División de Poderes: medios legales y constitucionales”, dijo estar de acuerdo en que se analice si la SCJN se ha excedido.
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“Si este Poder Judicial ha excedido su labor como contrapeso, hay que revisar el control y, a lo mejor, regresar al control concentrado, revisémoslo. ¿Por qué no habría que modificar la Constitución? Ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo, para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de Derechos Humanos, que lo haga mejor en el amparo, perfecto”, comentó.
Sin embargo, advirtió que con la reforma al Poder Judicial se debe tener cuidado de no violar el principio de regresividad, porque afectaría la protección de los derechos humanos.
“Cuidado con no violar el principio de regresividad, este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán, por qué con interés jurídico jamás hubiera podido, y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no solo del poder político, sino de los poderosos fácticos”, señaló.
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Añadió que la facultad para que le Suprema Corte revise el proceso legislativo, de la que se queja el titular del Ejecutivo y su partido, fue impulsado por los grupos parlamentarios minoritarios en 2008, cuando formaba parte de ellos.
“Proceso legislativo, ya lo he oído en varias ocasiones, la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo, solamente déjenme decirles, muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo, data de 2008, fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos”, finalizó.
Por su parte, Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal, se manifestó en favor de la reforma al Poder Judicial, y dijo que la SCJN “no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado”.
“Y del Consejo de la Judicatura hay que decirlo, las estipulaciones normativas y los esquemas administrativos, que fueron expedidos para regularlo, lo han ahogado, lo han colapsado. Lo que han producido es un incremento del poder a un solo órgano, la presidencia de la Corte”, dijo.
Por lo que dijo estar de acuerdo con cambiar su marco jurídico en la Constitución, empezando por la Suprema Corte y el CJF, porque “con ello no se lesiona, en modo alguno, ni la separación, ni la independencia del Poder Judicial”.
“Es pertinente en el rediseño de la Corte, la creación de un órgano de administración judicial, separado de la Corte misma y de la presidencia de la misma, con plena autonomía. También es plausible y viable la figura de un tribunal de disciplina judicial, ya en la historia constitucional se contó con la figura del tribunal especial ciudadano, para juzgar a los magistrados de los tribunales de los estados y a los ministros de la Suprema Corte, es un antecedente”, expuso.
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