Ministro de la Suprema Corte alista proyecto para declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá declarar inconstitucional la criminalización del aborto en el estado de Coahuila, establecida aún para casos de violación.

El ministro Luis María Aguilar Morales presentará un proyecto de sentencia ante el Pleno de la Corte para eliminar la prohibición y penalización del aborto previsto en el Código Penal en Coahuila.

En su proyecto, el ministro propone a la Corte reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir interrumpir el embarazo en su etapa inicial, mediante la eliminación del artículo que prevé hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practican abortos de manera intencional.

"No corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras.

"La constitucionalización del derecho a decidir, permite sostener que no tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional , un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación, lo que además conllevaría una lesión de origen a su integridad psicoemocional al limitar las posibilidades en relación con su plan y proyecto de vida, e impediría alcanzar el bienestar integral en su carácter de meta permanente del derecho a la salud", señala el documento público en la página electrónica de la Corte.

Para avalar el proyecto, el ministro requiere de ocho votos en el Pleno, con lo que se haría también obligatorio para todos los jueces del país aplicar el criterio del Máximo Tribunal para que ya no sancionen penalmente el aborto.

El ministro señala que todas las mujeres del país deben gozar del mismo derecho de interrumpir sus embarazos de manera legal y segura pues la penalización de esta práctica atenta contra sus derechos a la igualdad de género y la salud.

Añade que el Estado mexicano está obligado a proveer de infraestructura accesible, asequible, aceptable y de calidad para la interrupción legal del embarazo.

“Es obligación del Estado de prevenir razonablemente los riesgos asociados con el embarazo y con el aborto en condiciones poco seguras, lo que, a su vez, abarca tanto una valoración adecuada, oportuna y exhaustiva de los riesgos que el proceso de gestación representa para la restauración y protección de la salud de cada persona, como el acceso pronto a los servicios de aborto que resulten necesarios para preservar la salud de la mujer embarazada", indica.

Uno de los puntos distintivos del proyecto es el rechazo a que el embrión o el feto sea titular de derechos humanos.

“Queda claro que el embrión o feto no es titular de derechos humanos, el interés en brindar un espectro de protección se ciñe a la propia expectativa que por definición constituye”, precisa.

“El derecho a decidir, en relación con la mujer que opta por la interrupción del embarazo sólo tiene cabida dentro de un breve plazo cercano a la concepción, como un mecanismo para equilibrar los elementos que coexisten y brindar un ámbito de protección tanto al concebido como a la autonomía de la mujer, un espacio donde la tutela de ambos sea posible”.

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