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Entre 2018 y hasta noviembre de 2019, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brindó apoyo a 4 mil 855 migrantes. Los litigios de más de 2 mil de ellos evidenciaron en tribunales federales las deficiencias del sistema mexicano para proteger a los extranjeros.
Datos del organismo indican que en ese periodo las orientaciones y representaciones jurídicas para personas de ese sector que buscan protección en México se aumentaron de 26 a 89, y de mil 381 a 2 mil 401, respectivamente.
Las atenciones brindadas este año ocurrieron en el marco del ingreso de diversas caravanas migrantes al país luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se entregarán visas de trabajo a los ciudadanos centroamericanos que busquen permanecer en territorio nacional.
Las representaciones jurídicas han sido en el sentido de que los tiempos marcados en las leyes mexicanas para solicitar refugio no se adaptan a la realidad y a veces les imposibilita el acceso al trámite o a conseguir empleos, como prometió el Mandatario federal.
También han solicitado amparos contra detenciones en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y la protección de los menores que permanecen en estos lugares.
Fuentes federales informaron a EL UNIVERSAL que la dependencia tramitó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja contra el instituto de defensoría pública por la gran cantidad de recursos tramitados a favor de los extranjeros, misma que permanece en proceso.
Para brindar mayor apoyo, el 13 y 14 de junio de 2019, el director general del IFDP, Netzaí Sandoval, solicitó a la titular de Estaciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación en la materia el ingreso a la sede Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas.
Sin embargo, la directora respondió el 17 de junio: “Por el momento y hasta nuevo aviso no se considera viable la autorización de nuevas solicitudes”.
Esto derivó en el inicio de un litigio entre el IFDP y el INM por considerar que existió un impedimento para que el organismo cumpla con su finalidad social de proporcionar defensa pública de calidad para todas las personas.
De inicio el juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa desechó la demanda del IFDP, pero el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en el rubro revocó la decisión y ordenó dar trámite a la demanda.
Sin embargo, al finalizar el asunto, el juez de Distrito sobreseyó el amparo al considerar que la negativa del Instituto Nacional de Migración no afecta los intereses o el patrimonio del IFDP.
En la estación de Hermosillo, 16 extranjeros provenientes de Eritrea, país ubicado al noreste de África, permanecían detenidos.
Humberto Javier Robles Herrera, asesor del instituto de defensoría, acudió a la estación a entrevistarse con ellos, pues buscaban ser liberados.
Mediante un amparo se reclamó al INM la detención y retención, por lo que el juez Primero de Distrito en Sonora concedió la suspensión para liberarlos. Sin embargo, les impuso una garantía de 4 mil 224.5 pesos por persona y que una organización social fungiera como custodia de los migrantes.
Aunque los familiares de los eritreos afirmaron que pueden cubrir la fianza, el IFDP no ha logrado conseguir que una asociación responda por ellos.
Piden acceso a servicios de salud
En San Luis Potosí un migrante hondureño con VIH se encontraba de tránsito en México, pero por su situación económica y su condición no podía pagar el costo de su tratamiento.
El hombre intentó afiliarse al Seguro Popular; no obstante, debido a que no tiene Clave Única de Registro de Población (CURP) le negaron el acceso, pues argumentaron que no permanece legalmente en el país.
Su salud se deterioró hasta que Roberto Gómez, asesor del IFDP, tramitó un amparo en el que alegó que los artículos de la Ley General de Salud que le fueron aplicados para negarle el acceso al servicio del Seguro Popular son violatorios de derechos humanos.
El juez Octavo de Distrito en San Luis Potosí concedió la suspensión y decretó la inconstitucionalidad reclamada, por lo que le concedió el recurso para que fuera inscrito sin que le sea exigido ser mexicano y contar con CURP.
El juez argumentó que el hecho de que el hombre sea migrante y que su condición sea irregular, no significa que no tenga derecho a los servicios que presta el Seguro Popular, o cualquier institución de salud del país.
Protegen a niños
En la estación migratoria de Puebla, 44 personas, entre cubanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y venezolanos, tramitaron un amparo contra incomunicación, falta de representación consular, de asesoría legal, de tramitación para la solicitud de condición de refugiado y contra la depotación o expulsión del territorio nacional.
Entre ellos había seis jóvenes y una niña. El juez informó a los consulados de cada uno y concedió la suspensión, pero Migración incumplió la orden.
En la querella se indicó que los menores permancezcan con su familia, fueran trasladados a instituciones adecuadas y que estuvieran acompañados en todo el proceso administrativo por personal capacitado y especializado en derechos de la infancia.
Llegan abogados hasta aeropuerto
En noviembre de este año, el Instituto Federal de Defensoría Pública fue informado de la llegada de una familia venezolana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para solicitar refugio.
El grupo está conformado por dos hombres y una mujer embarazada. Al llegar, agentes de Migración los detuvieron y encerraron en un cuarto durante casi una semana.
Desde su llegada, Janet Calderón, asesora jurídica, tramitó un amparo en el que consiguió una suspensión de los actos de incomunicación y la inminente deportación, así como de la falta de atención médica de la mujer.
El 2 de diciembre de 2019 la familia fue trasladada a la estación Las Agujas, donde a pesar de los argumentos de protección a la salud, los agentes les retuvieron los pasaportes.
Los sudamericanos lograron salir días después y el IFDP trabaja para que sus trámites se trasladen a Quintana Roo, donde tienen familiares.
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