México no ha cumplido con estándares mínimos contra la trata de personas: informe

El informe sobre la Trata de Personas 2021 mantiene a México en el nivel 2, donde están los 90 países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos para eliminar a las redes delictivas de trata, pero se esfuerzan “significativamente” para lograrlo

México no ha cumplido con estándares mínimos contra la trata de personas: informe
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Nación 30/07/2021 21:06 Adriana Varillas / Corresponsal Quintana Roo Actualizada 22:46
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Cancún, Q. Roo.- Aunque ha realizado “importantes esfuerzos” para combatir la Trata de Personas, el gobierno de México “no ha cumplido con los estándares mínimos” para erradicar este fenómeno; la coordinación entre autoridades federales y estatales “es lenta” y la corrupción relacionada con dicha actividad delictiva en el país, “siguió siendo motivo de preocupación”. 
 
Lo anterior se desprende del informe sobre la Trata de Personas 2021, que incluye a más de un centenar de países del mundo y es publicado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
 
El documento se nutre de datos aportados por las embajadas estadounidenses y reportes de los gobiernos de esas naciones, así como por informes de organizaciones de la sociedad civil, estudios académicos y datos periodísticos en torno a la Trata de Personas. 
 
Abarca el periodo del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 contiene los esfuerzos hechos por los países para eliminar las actividades que conforman ese delito; enlista los desafíos que enfrentan y posee recomendaciones que motiven el combate de la Trata, que abarca el tráfico de personas, el trabajo forzado -trabajo infantil, servidumbre doméstica o mendicidad-; la explotación sexual -pornografía infantil, turismo sexual-; los matrimonios forzados y la Trata para fines de sicariato. 
 
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Para el caso específico de México describe que, durante los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras dentro del país, y a víctimas mexicanas fuera del territorio nacional.  
 
Los grupos considerados de mayor riesgo de trata en México incluyen a niñas y niños no acompañados, personas indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, solicitantes de asilo y migrantes, desplazados internos, personas LGBTTTIQ+, trabajadores del sector informal e infantes en territorios controlados por pandillas.  
 
Los traficantes reclutan y explotan a mujeres y niñez mexicana, en menor medida, a hombres, en México y Estados Unidos, a través de falsas promesas de empleo, relaciones sentimentales engañosas o extorsión.  
 
Sin embargo, “la mayoría de los casos de trata ocurren entre familiares, parejas íntimas, conocidos en las redes sociales o mediante trampas relacionadas con el empleo”.  
 
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Las personas transgénero son particularmente vulnerables al tráfico sexual. Los traficantes utilizan cada vez más Internet, en particular las redes sociales, para apuntar y reclutar víctimas potenciales. 
 
Los reportes de organizaciones, citados en el Informe 2021, señalan que el turismo sexual con niños sigue siendo un problema y continúa expandiéndose, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades fronterizas del norte.  
 
“Los padres a veces son cómplices de la explotación de sus hijos en el turismo sexual con niños y se cree que los niños sin hogar corren un alto riesgo. Muchos turistas sexuales que buscan niños, proceden de Estados Unidos, Canadá y Europa occidental”, se lee en el documento, que añade que los mexicanos también compran a niñas o niños víctimas de Trata sexual.  
 

México ubicado en el nivel 2 

 
Este informe en particular está enmarcado dentro de la pandemia por Covid-19 y mantiene a México en el nivel 2, donde están los 90 países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos para eliminar a las redes delictivas de trata, pero se esfuerzan “significativamente” para lograrlo, en áreas de prevención, investigación, enjuiciamiento y condenas por ese delito. 
 
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En el nivel 1 se ubican los 28 países cuyos gobiernos cumplen plenamente con los estándares para eliminar la Trata de Personas y en el 3, los que no cumplen, ni están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo, con 17 naciones. Hay otro apartado con países “en vigilancia de nivel 2” y uno más para casos especiales. 
 
Vale aclarar que la ubicación en uno de los cuatro niveles no se basa en el tamaño de la problemática del país, sino del alcance de sus esfuerzos para cumplir los estándares mínimos para combatir la Trata de Personas, con base en lo que marca la ley en esa materia en Estados Unidos, basada en el Protocolo de Palermo
 
En México, “el gobierno demostró esfuerzos crecientes en general en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de Covid-19 en su capacidad de lucha contra la trata; por lo tanto, México permaneció en el Nivel 2”, se indica en el reporte. 
 

Acciones contra la Trata de Personas  

 
Estos esfuerzos abarcan diversas acciones, entre ellas, la condena a más traficantes; proporcionar financiamiento a tres organizaciones de la sociedad civil que operan refugios para la Trata de personas; y el aumento de los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHyCP) para recopilar inteligencia en apoyo de las investigaciones y enjuiciamientos de dicho delito. 

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El Informe menciona el arresto de dos funcionarios o exfuncionarios por su presunta complicidad en un par de casos de trata que las autoridades no atendieron en el pasado, como el exgobernador de Puebla, Mario Marín, detenido en febrero de 2021 “por ordenar la tortura y arresto ilegal en 2005 de un periodista (Lydia Cacho) que denunció la presunta participación del funcionario en una red de tráfico sexual de niños”. 
 
Se menciona también que en 2020, la UIF investigó transacciones financieras sospechosas y sus indagatorias condujeron a la emisión de órdenes de arresto para presuntos traficantes en varios estados; en un caso, congeló las cuentas bancarias de siete sospechosos en una red de tráfico sexual infantil y la policía emitió cinco órdenes de arresto para los sospechosos en ese asunto. 
 
En ese mismo año la Unidad, encabezada por Santiago Nieto, recibió 230 denuncias de transacciones financieras sospechosas, presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México.  
 
Se iniciaron 55 investigaciones federales y 550 investigaciones estatales, en comparación con las 133 investigaciones federales y las 545 investigaciones estatales en 2019. 
 
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Las investigaciones a nivel estatal incluyeron 332 casos sospechosos de tráfico sexual, 12 presuntos casos de trabajos laborales forzados, y 206 casos en los que no se especificó el tipo de explotación. 
 
Se citan además cifras sobre juicios, condenas, capacitaciones, servicios y funcionamiento de refugios para víctimas en entidades del país. 
 

Esfuerzos insuficientes 

 
Sin embargo, el Informe también señala el incumplimiento de estándares mínimos en áreas clave para combatir la trata. 
 
De entrada, figura que “algunos funcionarios del gobierno se confabulan con los traficantes o participan en delitos de trata”, entre ellos, empleados de inmigración, quienes “presuntamente aceptan pagos de los traficantes para facilitar la entrada irregular de personas extranjeras, víctimas de latrata, a México”. 
 
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Se advierte que los funcionarios públicos no conocen o no dominan la legislación en materia de Trata de Personas o tienen problemas para identificar a las victimas potenciales. 
 
Que “el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario público por complicidad en delitos de trata; que tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzoso y no asignó recursos a un fondo de asistencia a las víctimas requerido por ley”  
 
Y que las autoridades no emplearon sistemáticamente un enfoque centrado en las víctimas y los servicios generales para ellas fueron inadecuados o que las prácticas de contratación fraudulentas continuaron siendo generalizadas, pero el gobierno no tomó medidas para responsabilizar a los reclutadores o agentes laborales, por ejemplo. 
 
“Aunque mantuvo los esfuerzos para hacer cumplir la ley y se obtuvieron más condenas, el gobierno no proporcionó datos completos sobre los esfuerzos de enjuiciamiento”, se menciona. 
 
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El gobierno federal llevó a juicio a 40 presuntos traficantes y continuaron con 35 enjuiciamientos abiertos en años anteriores para un total de 75 enjuiciamientos federales en 2020, aproximadamente la mitad que en 2019.  
 
A nivel estatal informó sobre 51 juicios en 14 estados. En comparación, las autoridades procesaron al menos a 522 personas en casos federales y estatales en 2019 y al menos a 510 en 2018.  
 
Durante la pandemia, los tribunales federales y estatales suspendieron todos los procedimientos legales entre marzo y mayo de 2020.  
 
“Los fiscales informaron que los cierres temporales de oficinas gubernamentales y el sistema judicial obstaculizaron los esfuerzos para investigar nuevos casos y procesar los casos pendientes, ya que la reducción de personal en la mayoría de las oficinas retrasó o detuvo las solicitudes de información intergubernamentales colaboración y otras actividades de investigación de rutina”, se plasmó. 
 

Lenta coordinación con estados 

 
La coordinación entre los niveles estatal y federal “siguió siendo lenta”. Mientras la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California y Nuevo León realizaron más de la mitad de todas las investigaciones sobre trata en 2020, Campeche y Colima no investigaron ningún caso sospechoso.  
 
El gobierno mexicano identificó que Veracruz, Tlaxcala y Guerrero tienen una alta prevalencia de trata, pero sus autoridades no condenaron a ningún traficante en 2020.  
 
“Los expertos locales citaron que la financiación insuficiente para los fiscales en estos estados los llevó a acusar a los sospechosos de delitos que creían más fáciles de probar”, se menciona. 
 
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En el informe se da cuenta del convenio firmado entre la UIF y el gobierno de Tlaxcala para luchar contra la Trata y la corrupción, lo que incluyó la alianza con fuerzas del orden de los Estados Unidos para brindar asistencia en la captura de sospechosos de esas actividades delictivas.  
 
El gobierno estatal argumentó que las medidas para disminuir los contagios por Covid-19, que incluyeron cierres temporales de bares y hoteles, “obstaculizaron las investigaciones y la recopilación de pruebas sobre posibles casos de tráfico sexual que ocurren en estos lugares”.  
 
“Hubo informes de que los traficantes en Tlaxcala llevaron a las víctimas de la trata sexual a los hogares de las personas para ser explotadas cuando los locales comerciales cerraron debido a la pandemia”, se expone. 

apr/rmlgv

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