Matan a juez que ordenó traslado de "El Menchito"

Tras el asesinato del juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, condenó el crimen y lanzó un llamado para exigir seguridad para juzgadores y sus familias, y afirmó que revisará la situación de cada uno para fortalecer las medidas necesarias que garanticen su integridad.

A las 09:00 horas de ayer, el juez iniciaba su día con normalidad, revisó sus redes sociales, en las que compartió la noticia del inicio de los juicios en línea del PJF, y dos horas después un grupo de hombres armados irrumpió en su casa en la ciudad de Colima para quitarles la vida a él y a su esposa. Al ataque sobrevivieron sus dos hijas menores de edad y la mujer que realizaba las labores domésticas de la casa.

El ministro Zaldívar manifestó un enérgico rechazo a la violencia y afirmó que el hecho les duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todos los mexicanos.

Lanzó un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de los jueces federales y sus familias, que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes. “Por lo que a nosotros nos toca, revisaremos la situación de los jueces a efecto de fortalecer las medidas de seguridad necesarias”, dijo.

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Federal judge who handled organized crime cases was murdered in Mexico

“Acabo de recibir una terrible noticia… fue ejecutado el señor juez Uriel Villegas Ortiz, juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, junto con su esposa, Verónica Barajas”, anunció.

“Tenemos que decir con contundencia un no a la violencia, tenemos que reiterar que el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y de los instrumentos que un Estado democrático establece, y que es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, pero de manera especial de aquellos quienes con valentía y vocación arriesgan su vida para proteger los derechos de todos”, añadió.

Los ministros Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández afirmaron que todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación hacen suyas las palabras de Zaldívar y se solidarizaron con las familias afectadas por este hecho.

Minutos después el ministro Zaldívar dio por concluida la sesión, pues debía atender el asunto con extrema urgencia.

Media hora más tarde la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que inició la carpeta de investigación correspondiente al homicidio del juez y su esposa.

“A partir de este momento se inician las investigaciones correspondientes, solicitando del gobierno del estado de Colima, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Estatal, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) toda la información y apoyos necesarios.

“En cuanto vayan existiendo datos que puedan hacerse públicos se darán a conocer”, señaló el organismo mediante un comunicado.

Un equipo de investigadores y peritos de la FGR se trasladó a Colima para iniciar las labores de investigación del asesinato.

EL UNIVERSAL informó en diciembre de 2019 que al cierre de ese año el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asignó 42 medidas de seguridad a jueces y magistrados amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que desempeñan.

En su primer informe de labores, el ministro Zaldívar indicó que durante 2019 un total de 91 juzgadores contaban con vehículos blindados, 11 de ellos asignados ese año; 89 tenían servicio de escoltas, 12 de nueva designación; 89 usaban chaleco antibalas, 11 entregados ese año, y ocho tienen medidas de seguridad provisionales también implementadas en dicha anualidad, tales como teléfonos con botón de pánico.

Los jueces y magistrados federales que tenían estas medidas radican en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.