Irá a parlamento abierto reforma de outsourcing: Morena

Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, anunció para este 12 de febrero el inicio de la discusión en parlamento abierto de la reforma para regular la subcontratación laboral.

El líder minero aseguró que en el parlamento abierto los distintos sectores relacionados con la reforma tendrán la oportunidad de manifestar las opiniones y propuestas que estimen importantes, con el objetivo de enriquecer el contenido del dictamen.

Gómez Urrutia aclaró que su propuesta, avalada en comisiones pero detenida para discutirse en el pleno, no implica la desaparición del outsourcing o subcontratación, sino que busca evitar “simulación” por parte de los patrones.

“El llamado outsourcing no desaparecerá como tal, sino que se regulará para evitar que las empresas simulen que no existe una relación laboral y así evadir el pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social”, expresó.

El dictamen sobre la regulación de la subcontratación es la segunda prioridad del grupo parlamentario de Morena en el Senado para la agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones.

La propuesta de Gómez Urrutia contiene, por ejemplo, que todos los trabajadores en el régimen de subcontratación sean asegurados de manera obligatoria por el patrón y que se les otorguen los adeudos de pago por utilidades.

El senador morenista reconoció que la figura es necesaria para el desarrollo de trabajos que algunas empresas llevan a cabo y que, por cuestión de estructura, recursos financieros o humanos se ven limitados a efectuar por sí solas.

No obstante, discutió que “muchas empresas de subcontratación incumplen obligaciones fiscales, con lo que obtienen ganancias multimillonarias y afectan la hacienda pública. Estimó también que se registran pérdidas de hasta 500 mil millones de pesos a nivel nacional por el asunto.

“La subcontratación ilegal ha conducido a la creación de empleos precarios y a la baja productividad laboral, lo que genera un gran número de personas trabajadoras en situación de pobreza, inequidad y falta de oportunidades.

“Para nosotros hay outsourcing legal o ilegal, y hay que ver cómo se puede aplicar sin evadir al fisco ni violar los derechos de los trabajadores. El tema está asociado a los factureros y evasión al fisco, que ya son delitos graves”, sentenció.

Recordó que el pasado 3 de diciembre fue aprobado el dictamen por los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, el cual será analizado y fortalecido.

Gómez Urrutia explicó que en la Ley Federal del Trabajo ya se establece que el trabajo bajo el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón ejecuta obras o presta servicios junto con sus trabajadores a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Es innegable, dijo, que esta figura es necesaria para el desarrollo de diversas actividades y funciones que algunas empresas o entidades públicas llevan a cabo y que en muchas ocasiones se ven limitadas a efectuarlas por sí solas.

De ahí que las empresas dedicadas a la subcontratación facilitan, en buena medida, la eficacia y funcionalidad de las corporaciones por las que fueron contratadas.

“Son una clara simulación laboral que pretende eludir toda la responsabilidad de las grandes empresas que las subcontratan y que son miembros activos de las diversas cámaras empresariales. Por esta razón se defienden y se protegen en complicidad”, señaló el senador Gómez Urrutia.

Aun cuando la existencia de esta figura pudiera estar justificada en la práctica, insistió el legislador morenista, muchas empresas han desvirtuado su razón de ser, convirtiéndola en un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violándose sus derechos laborales y de seguridad social.

Gómez Urrutia agregó que muchas empresas de subcontratación incumplen con sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, obteniendo ganancias multimillonarias, afectando así a la hacienda pública.