La ( ASF ) reveló que el Instituto de Salud para el Bienestar ( Insabi ) tiene pendiente la transferencia de recursos, la conciliación y el pago por 74 millones 802 mil 300 pesos a diferentes unidades médicas y a prestadores de servicios privados por intervenciones que se realizaron en 2019 para atender a pacientes con enfermedades consideradas Gastos Catastróficos.

En la segunda entrega del informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 , la ASF detalló que hasta octubre de 2021, el Insabi tenía pendiente la transferencia de 16 millones 952 mil 800 pesos “correspondiente a intervenciones realizadas por unidades médicas y prestadores de servicios médicos en 9 entidades federativas”.

El informe enfatizó que además el Instituto debe conciliar y pagar nueve millones 215 mil 900 pesos por 620 intervenciones realizadas en 2019 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como 48 millones 633 mil 600 pesos al Centro Oncológico Internacional (COI).

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Adicionalmente, la ASF indicó que las unidades de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico, la de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud y la Médica, no presentaron el informe anual con la aplicación de recursos, el monto autorizado y ejercido por tipo de intervención, ni la distribución por entidad federativa de medicamentos y demás insumos.

En el informe, el organismo indicó que de los cinco mil 642 millones 346 mil 300 pesos ejercidos en la subcuenta Gastos Catastróficos, se auditaron dos mil 710 millones 763 mil 800 pesos relacionados a los apoyos otorgados para la atención integral de intervenciones.

“Los recursos se distribuyeron en apoyos financieros para 47 mil 871 casos de intervenciones por padecimientos de cáncer de mama, enfermedades lisosomales, cuidados intensivos neonatales, cáncer de colon y recto, trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos, cáncer infantil, linfoma no Hodgkin y tumor maligno de próstata”.

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Sin embargo, se precisó que dichas intervenciones pagadas con recursos de 2020 corresponden a intervenciones que fueron aprobadas para los ejercicios 2017 a 2019, sin que se proporcionara documentación que justifique los motivos por los cuales la entonces Comisión Nacional de Protección Social en Salud no gestionó oportunamente la transferencia de los recursos a los prestadores de servicios médicos correspondientes.

“La Coordinación de Financiamiento informó que los pagos realizados en el ejercicio 2020 de intervenciones realizadas en los años 2017 y 2018 se debió a que los prestadores de servicios proporcionaron sus comprobantes en 2020, no obstante lo manifestado, aún se encuentra pendiente de transferir recursos derivados de intervenciones realizadas en el ejercicio 2019”.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud para el Bienestar o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos correspondientes.

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