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“Hoy, estar aquí, es ganarle al olvido”, expresó Martha Alicia Camacho Loaiza, a quien el Estado mexicano ofreció una disculpa pública por haberla torturado y desaparecido de forma forzada en 1977 junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, a quien asesinaron.

Tras alzar el puño en señal de justicia y acompañada de toda su familia, la militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre sostuvo que si bien la disculpa pública por parte del Estado es un punto de partida, también es señal de que aún falta mucho por hacer.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que, a nombre del Estado mexicano, no sólo ofrece una disculpa pública, sino que además se les otorgará la reparación del daño y las medidas necesarias para que los actos que violentaron sus derechos humanos no se repitan, a fin de que nadie tenga que pasar por esas “atrocidades”.

“Les ofrezco una disculpa pública, a nombre del Estado mexicano, por la transgresión [y] las violaciones a los derechos humanos en un contexto de violencia política, en el periodo conocido como Guerra Sucia.

“Martha Camacho fue detenida, torturada y desaparecida de manera transitoria; el señor José Manuel fue detenido, torturado y privado de la vida extrajudicialmente, hechos perpetrados por la Policía Judicial de Sinaloa, de la Dirección Federal de Seguridad y del Ejército”, dijo.

Martha Camacho respondió que lo que le sucedió “fue un infierno”, y que como mujer “se vive peor”, por lo que externó que le habría gustado que la disculpa la hubiese escuchado su esposo, José Manuel, “quien le fue arrebatado por militares”.

En memoria de él y de tantos desaparecidos, señaló que levantará la voz para decir “que no los hemos olvidado. No callaremos”.

Camacho Loaiza lamentó que en el acto no estuviera presente ningún representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues su presencia “sería un reconocimiento a las atrocidades que cometieron en esa época en Sinaloa, particularmente en la Novena Zona Militar”.

Ubicados en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, agregó que si el gobierno quiere sanar al país tiene que dar justicia y resolver los casos del pasado, o de lo contrario las violaciones a los derechos humanos seguirán ocurriendo.

“Que esto no quede en una sola disculpa. Hay que seguir avanzando. El combate del régimen autoritario se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad. Sanar al país requiere justicia, verdad y memoria. Con más ganas, con más fuerzas, voy a seguir pidiendo justicia”, aseveró.

Sánchez Cordero precisó que el caso de Martha Camacho evidencia que la violencia de Estado, cuando se ejerce sobre mujeres, tiene un alto componente de género y sometimiento, de manera diferenciada con sus cuerpos y derechos, pues deja un agravio ejemplar, como lo demuestra la tortura sexual y obstétrica, ya que dio a luz mientras se encontraba detenida.

“Señora Martha, su incansable labor en la lucha y en la verdad deberá ser precedente para el reconocimiento de los agravios que muchas mujeres padecieron en este lamentable periodo, [quienes] fueron silenciadas”, externó.

La secretaria de Gobernación refrendó el compromiso del gobierno federal de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, de capacitar en materia de derechos humanos a las Fuerzas Armadas y de realizar acciones para que las instituciones públicas tengan siempre perspectiva de género como eje transversal en su actuar.

“Garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales es y será la principal tarea del Estado mexicano. Sin importar el tiempo que haya pasado o la institución que haya violentado estos derechos, la justicia llegará a todas las personas en el país”, mencionó.

Sánchez Cordero añadió que prevenir es también un acto de justicia, por lo que el actual gobierno habrá de garantizar en todo momento la vida, la libertad y la integridad personal de todos, particularmente cuando se aspira a tener un país en el que nunca más se vuelva a torturar.

Hizo el compromiso, a nombre del gobierno, de implementar programas para prevenir y sancionar la tortura con la firme convicción de que la erradicación de esta “cruel” práctica sea posible.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, asentó que esta disculpa se da en medio de una coyuntura de debate político sobre uno de los periodos más oscuros del país, conocido como la Guerra Sucia, que debe obligarlos a poner “un alto en el camino”.

“Realizamos este acto como un acto de justicia. La justicia le debe quitar espacio a la impunidad, esa impunidad de ayer que hizo que la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos llegara al día de hoy. Hacemos justicia del pasado no como revancha, sino como principio de reivindicación a la sociedad mexicana. Martha, mi más sincera disculpa”, refirió.

Encinas Rodríguez mencionó que es responsabilidad del Estado reconocer las violaciones hechas a los derechos humanos por medio de la detención arbitraria, la tortura y por muertes extrajudiciales, y es por ello que se iniciaron las reparaciones del daño, pero sobre todo, de garantizar la no repetición.

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