Gobierno federal autoriza venta de edificios de la antigua PGR

Los inmuebles ubicados en la avenida Paseo de la Reforma quedaron inoperables por el sismo de 2017

Gobierno federal autoriza venta de edificios de la antigua PGR
Archivo. EL UNIVERSAL
Nación 28/04/2020 18:43 Manuel Espino y Diana Lastiri Actualizada 19:09
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El gobierno federal autorizó la venta de los edificios sede de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), ubicados en la avenida Paseo de la Reforma números 211 y 213, en el estado que se encuentra (Ad Corpus), pues quedaron inoperables por el sismo de 2017, que afectó a la capital del país.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales publicó este martes un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se desincorporan del régimen público los inmuebles y se autoriza la enajenación Ad Corpus a título oneroso.

Según el acuerdo AD-03-/2020, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales llevará a cabo la venta sujetándose a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y demás normatividad en la materia.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó inservible la sede central del Ministerio Público de la Federación, ubicada en Paseo de la Reforma 211-213, que fue comprada al Banco Santander.

Esta situación obligo a la institución, ahora Fiscalía General de la República, a rentar el edificio de inteligencia localizado en la avenida Insurgentes número 16, donde se encuentra su sede central.

De acuerdo con el contrato PGR/CN/ARBI/002/2018, la Fiscalía General de la República paga un monto de 16 millones 467 mil 128 pesos mensuales, más un millón 646 mil 712 pesos por concepto de mantenimiento y conservación del inmueble, por la renta de dicho edificio, el de Insurgentes 20, que cuenta con 30 pisos y 920 cajones de estacionamiento.

Empresarios desisten a concesiones de los inmuebles

La autorización de la venta de los edificios sede de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue posible luego de que el empresario que buscaba rehabilitarlos para convertirlos en hotel y departamentos desistió de esta idea.

En marzo pasado, Daniel Araf Hop renunció a la concesión que obtuvo por parte del Instituto de Administración de Bienes Nacionales (Indaabin), misma que tenía una vigencia de 45 años.

Fuentes allegadas al caso indicaron que el empresario tomó esta decisión debido a las diversas investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) inició para intentar recuperar los edificios.

En una de esas investigaciones, la FGR no tuvo éxito y en diciembre pasado el juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, rechazó vincular a proceso a Julio César Guerrero, expresidente del Indaabin, por permitir la concesión de los los edificios.

Esto, debido a que el juez consideró que la FGR no acreditó que su patrimonio fue afectado por la concesión.

La Fiscalía buscaba imputar a Guerrero por ejercicio ilícito del servicio público al señalar que la extinta PGR puso a su disposición los edificios luego de que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que él, en su carácter de presidente del Indaabin, no hizo nada para evitar su enajenación.

“Se imputó a Julio César Guerrero Martín que no debió permitir la concesión de los bienes de la PGR, sin embargo, no se acreditó la existencia de una afectación patrimonial”, señaló el juez.

“Al no demostrar el posible daño patrimonial ni un nexo entre afectación y la omisión reclamada a Julio César Guerrero Martín se dicta auto de no vinculación a proceso”.

Los edificios ubicados en Reforma 211 y 213; Jaime Nunó 25 y Tonalá 104 fueron entregados por la PGR al Indaabin luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 debido a que tuvieron daños estructurales que representaban un riesgo para sus trabajadores.

El 22 de marzo de 2019 la FGR pidió al Indaabin la devolución de los inmuebles o la entrega de los recursos obtenidos, para el caso de que hubiesen sido vendidos porque con ello pretendía comprar el edificio sede que actualmente renta en más de 18 millones de pesos mensuales en Insurgentes 20.

En abril de 2019 el Indaabin informó a la FGR que no podía regresarle los inmuebles, porque los concesionó a particulares para que los rehabilitaran y utilizaran para poner oficinas, comercios, departamentos y hoteles.

Reforma 211 y 213 y Jaime Nunó 25 fueron concesionados durante 45 años a Corporación Inmobiliaria Ejército, representada por Daniel Araf quien debía comparecer a la audiencia pero no lo hizo.
 
Según la FGR la concesión de esos edificios se otorgó tomando como base un valor inferior al que valen los inmuebles pues en el caso de los predios de Reforma 211 y 213, que eran la sede de la extinta PGR, fueron concesionados sobre un precio de 726 millones 282 mil pesos, de los cuales la empresa que los recibió pagaría el 7.5% anual al Indaabin.

La FGR indicó que estos inmuebles tienen un valor real de 2 mil 223 millones de pesos. Además, Corporación Inmobiliaria Ejército se comprometió a invertir 300 millones de pesos para rehabilitar el edificio antes de utilizarlo.

Mientras que el de Jaime Nunó 25 también fue concesionado a dicha empresa sobre un valor de 53 millones 186 mil pesos de los que tenía que pagar el 7.5% anualmente al Indaabin. La FGR dijo que realmente vale 82 millones 552 mil pesos.

En tanto, Tonalá 104 fue concesionada por 30 años a Gapana, S. A. de C. V., representada por Gabriela Karam sobre un valor de 9 millones 455 mil pesos de los que también debía pagar el 7.5% anual al Indaabin pero la Fiscalía indicó que su valor real es de 36 millones 529 mil pesos.

El año pasado, Karam devolvió el inmueble al Indaabin, razón por la que la FGR desistió, por el momento, de citarla a comparecer.

La FGR argumentó que dichas concesiones fueron ilegales debido a que al ser edificios de la extinta Procuraduría pasaban automáticamente a conformar el patrimonio de la nueva fiscalía.

El juez desestimó el argumento y llamó la atención de la FGR porque consideró que la judicialización de una carpeta de investigación no debe ser utilizado para determinar la titularidad de un bien.

“No es facultad de un juez de control determinar la titularidad de los bienes”, dijo.

“Judicializar no es el mecanismo idóneo para determinar de quién es la titularidad de los bienes patrimonio de la Federación”.

Aunado a ello, señaló que si el Indaabin hubiera vendido los inmuebles, el dinero producto de la venta debía ser puesto a disposición de la Tesorería de la Federación (Tesofe) y no de la FGR, sino que posteriormente ésta podía reclamarlo en el marco de la aprobación del siguiente presupuesto ante la Secretaría de Hacienda.

Este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la venta de los edificios ubicados en Reforma 211 y 213.

rmlgv

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