En el año y medio en que ha estado como superdelegado del gobierno federal en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza ha estado en medio de la polémica: desde derroche en fiestas personales hasta acusaciones de amenazas y acoso sexual por parte de sus compañeras de Morena.

El 5 de octubre de 2018, en el acto que realizó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, durante su gira de agradecimiento, pobladores inconformes con la designación de Morales Mendoza como superdelegado en esa entidad, con pancartas y gritos, exigieron que Gabino se fuera, por lo que el Ejecutivo abogó por él.

“No, Gabino es nuestro coordinador, él es representante del gobierno federal, le tenemos confianza y hay que dejar de pelear, hay que hacer una lado la politiquería”, dijo en su momento.

El 7 de febrero del año pasado, diputadas federales de Morena pidieron al Presidente que destituyera del cargo al superdelegado en San Luis Potosí debido a acusaciones de hostigamiento, amenazas y acoso sexual.

Acompañadas de las diputadas Lorena Villavicencio y Wendy Briceño, militantes en la entidad denunciaron que Morales Mendoza tiene denuncias penales en su contra por los delitos de hostigamiento, amenaza, difusión ilícita de imágenes y acoso sexual, interpuestas ante la fiscalía general local.

Recordaron que el delegado en esas fechas estaba cesado de sus derechos políticos desde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por emplear un lenguaje machista y ejercer violencia política de género contra sus compañeras de partido.

Dos meses después, a inicios de abril, Morales Mendoza fue cuestionado por haber realizado una megafiesta por su cumpleaños —contraria a la política de austeridad—, a la que invitó a cientos de personas, entre ellos a autoridades del gobierno estatal, del ámbito judicial, lideres de partidos y legisladores, y la cual fue calificada de fiesta fifí.

Seis meses después, el 24 de octubre, en su comparecencia ante la Cámara Baja, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), reveló que la dependencia a su cargo estaba procesando 12 denuncias en contra de 10 superdelegados, entre ellos Morales Mendoza.

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