Expertos en materia de transparencia y archivonomía aseguran que la petición del Comité de Información del al , relacionada a dar acceso integral a fondos documentales que concentran información de las agencias de inteligencia mexicana, es innecesaria, ya que el archivo cuenta con las facultades para garantizar apertura total de la información sin la intervención del órgano garante.

Cabe recordar que el pasado 16 de enero, el AGN envió un oficio solicitando al INAI se pronunciara a favor de dar acceso sin restricciones a los acervos de lo que fueran las extintas Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y Dirección Federal de Seguridad, organismos que dependían de la Secretaría de Gobernación (Segob) conocidos por operar como policía política hasta 1985, año en que fueron extintos, y que la documentación recopilada por estas instancias se encuentra resguarda en el archivo de la Nación.

Especialistas entrevistados por EL UNIVERSAL , para conocer la viabilidad de la medida, aseguraron que con esta petición el órgano rector de la archivística en México buscaba deslindarse de una atribución que le fue conferida en la Ley General de Archivos (LGA) , vigente desde el verano pasado, y explicaron también que el archivo se encontraba saturado de trabajo, debido a la falta de personal para dar tratamiento a las solicitudes que se hacen relativas a los fondos IPS y DFS vía sistemas electrónicos.

El presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas del Colegio de México (Colmex), Alfredo Ávila , asegura que no es necesaria esta petición hecha por el AGN al INAI, ya que éste tiene la obligación de hacer pública la información de manera integral, pues la LGA consagra que los archivos históricos son fuentes de acceso público y no pueden ser clasificados como reservados o confidenciales.

“En primer lugar, hay que aclarar que el fondo que ocasionó esta controversia, no pertenece a la información transferida por el decreto de Fox en 2002; el fondo IPS ya estaba en AGN cuando menos desde 1982. Otro punto importante es que estos fondos documentales, contienen evidencia de violaciones graves a derechos humanos, por tanto no pueden restringir o testar información”, refirió el doctor en Historia.

Con respecto a la posibilidad de que el INAI avale las restricciones a la información transferida de las agencias de inteligencia, Alfredo Ávila comentó que, “es preocupante que el propio comisionado presidente del INAI haga referencia que deben protegerse los datos personales contenidos en documentos históricos, más los de estas agencias del Estado mexicano que ya están en resguardo del AGN, estas declaraciones son simplemente preocupantes viniendo de un alto funcionario del órgano garante, lo que nos hace pensar que el AGN quiere la validación del INAI, no para dar acceso sino para restringirlo, eso sería un gran paso, pero en retroceso”.

El especialista señaló que el AGN tendría elementos a través del Consejo Técnico Asesor para saber si tiene atribuciones para desclasificar la información referida, pero aún no emite la convocatoria para integrarlo, considera que es indispensable y está obligado por LGA.

Por otro lado, el especialista puntualizó que la labor de los archivos históricos es la divulgación y la de los investigadores, además de estar regulada por ley, atiende principios éticos.

“Sabemos que los archivos en México son un desastre, pero justo el trabajo de los historiadores es investigar, encontrar la lógica de éstos, el director del AGN Ruiz Abreu se ha manifestado en pro de un ordenamiento que nos parece peligroso, ya que podría afectar el principio de procedencia de los documentos. El archivo debe saber que su trabajo es dar acceso, en eso deben de ocuparse y el INAI que se dedique al ordenamiento de los archivos administrativos, es decir, los de trámite y concentración, pues no tiene injerencia en los históricos porque son fuentes de acceso público”, concluyó Alfredo Ávila.

En tanto, Lourdes Morales, directora de la organización Red por la Rendición de Cuentas (RRC) consideró que no tiene sentido solicitar al INAI la “liberación” de la información de AGN. “Esta medida es extraña, no tiene ningún sentido”, asentó.

La especialista en política pública asegura que el pedimento de AGN debe ser atendido, de ser necesario el aval del INAI, para desahogarlo de tanto trabajo, pues le fueron ampliadas sus funciones y atribuciones por ley y además, por el anuncio hecho por el Ejecutivo de hacer pública información de violaciones graves a los derechos humanos , sobre movimientos sociales y hechos de corrupción , así la información del extinto Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) mediante el decreto del Presidente en febrero de 2019.

“Esto puso en severos aprietos al organismo, pues no cuenta con el presupuesto ni personal necesario para desempeñar estas funciones, asegura que sólo le dieron el 20% del presupuesto que se requiere para atender lo estipulado en la LGA y requiere cuando menos 400 millones , esto incluye el mejoramiento de las nuevas instalaciones”, aseguró la directora de la RRC.

Agregó que “el AGN tiene las atribuciones que se requiere para dar acceso a los archivos que resguarda, porque los archivos históricos son de carácter público y permanente porque son de relevancia para la memoria nacional, nada de versiones públicas. Es raro que se hagan tantas acciones a favor de la memoria histórica, de la reparación de víctimas en materia de derecho a la verdad y sigan con esta actitud de restringir información”.

“Esperamos que el AGN con esta medida no esté perdiendo tiempo. Una vez que entró en vigor la LGA, ya no es necesaria la intervención de ninguna instancia o dependencia para decretar apertura total, el AGN puede por sí mismo hacerlo, quizás tenga dudas porque aún no lanza la convocatoria para integrar su Consejo Técnico, si lo tuviera no tendría dudas sobre qué medidas se aplican en atención a la ley general aprobada”, refirió Lourdes Morales.

Por otra parte, los investigadores del AGN, refieren que ven con “buenos ojos” la petición de AGN al INAI, pues es una medida que está a favor de los investigadores, así lo refirió Anuar Ortega , historiador del Colmex , quien dijo que si el jurídico de archivo está trabajando para hacer una realidad el acceso sin restricciones a todos los fondos documentales lo traducen como algo positivo.

“Estas instancias acumularon mucha información que nos ha permitido esclarecer puntualmente eventos del pasado como en mi caso, hechos del movimiento estudiantil de 1968, aunque hay otras fuentes, no tienen la misma relevancia que los fondo de IPS e DFS que son fuentes oficiales que provienen de las autoridades”, refirió el historiador.

Agregó que “el AGN está aceptando darle voz a los investigadores ante tantas inconformidades, que han ido escalando desde la administración de Mercedes de Vega , quien en 2015 fue la que impidió el acceso a la consulta en la entonces de Galería 1 que concentraba el acervo de DFS y ahora en enero de este año nos enfrentamos con lo de IPS. Vimos como nos quitaban una fuente de información más, de las que ya nos habían prohibido en la administración de Peña Nieto”.

Otra de las inconformidades que han manifestado los usuarios se debe a las restricciones en la consulta de las versiones públicas que se elaboraron de personajes, dependencias, instituciones y eventos espiados por agentes de la extinta DFS, pues ya había más de 3 mil 400 versiones y las sacaron de consulta a inicios de la gestión de Ruiz Abreu.

Anuar Ortega comentó que “consultar la información en versión pública, como nos acostumbraron, pierde validez, pues el tener acceso a los documentos originales nos permite tener mayores elementos de cómo se concentraba esta información y de manera tangible teníamos la posibilidad de observar las particularidades del documento, como la tinta, la impresión, las anotaciones hechas a los costados, como lo hacen los peritos, explicó. También de esa forma estudiamos la función de estas policías políticas”.

El investigador también habló del tema de la confianza a las instituciones, dijo que “tanto el INAI como el AGN han perdido la confianza de los usuarios de los archivos históricos. Es muy grave ya no confiar en la autoridades, pues como usuario que acude a las instalaciones o como solicitante vía sistema electrónico, ambas instituciones han dejado una sombra de duda porque han mantenido la misma política de opacidad, pero si debo elegir, mi voto de confianza se lo doy al INAI porque el AGN ha estado haciendo una lectura perversa de la ley”, concluyó el historiador.

maf

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