Exhortan Segob y UIF a reformar la Ley Contra la Trata de Personas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, advirtió que la Ley tiene limitaciones para atender el problema, al enfrentar de manera inadecuada la composición del fenómeno delictivo

Nación 02/08/2021 18:21 Víctor Gamboa Arzola Actualizada 18:21
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Durante el foro “Hacia 10 años de la Ley contra la Trata de Personas, desafíos, retos y perspectivas”, organizado por el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, exhortaron al Congreso de la Unión a reformar la legislación en la materia, para eficientar la prevención y el combate a este flagelo.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, denunció una gran ineficacia de los sistemas de justicia, porque hasta ahora solo hay 790 sentencias firmes para encarar este problema.

Advirtió que la Ley Contra la Trata de Personas tiene limitaciones para atender el problema, al enfrentar de manera inadecuada la composición del fenómeno delictivo, ya que establece varios tipos penales, de los cuales, sólo uno se adecúa a la trata de personas con base en el Protocolo de Palermo, lo que dificulta la adecuada identificación y prevención del delito.

“A nuestro juicio, diez años después de haberse aprobado esa ley, es necesario impulsar una reforma que defina claramente el delito de trata de personas, diferenciándolo del delito de explotación, lo que permitirá enfrentar los más altos niveles de injusticia e impunidad en las distintas modalidades que adopta la trata de personas”.
 

Explicó que una reforma permitirá superar la ineficacia que actualmente prevalece para prevenir, sancionar y erradicar ese fenómeno delictivo, pues “son muchos los vacíos que todavía contiene esa ley. Uno de ellos es, por ejemplo, la atención a los refugios privados que se han venido creando a partir de esta legislación en donde al momento que no reciben recursos públicos no existe ningún vínculo que obligue a estos albergues o refugios a someterse a ningún tipo de supervisión, lo cal ha traído consigo problemas, no solo de manejo indebido sino de violaciones a los derechos humanos de las víctimas, donde sufren un proceso de revictimización”.

Al participar en el evento de manera virtual, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se pronunció también por una reforma legal que otorgue a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la facultad de una hacer una buena supervisión de las criptomonedas y activos virtuales, tras reconocer que se debe tener un mayor control de las actividades de los grupos delictivos dedicados a la trata, que lesionan la dignidad de las personas, sobre todo en centros turísticos.

Advirtió que entre los mecanismos que utilizan los delincuentes para financiar sus crímenes no se encuentra solamente el flujo de efectivo, sino que en muchas ocasiones generan empresas fachada para simular operaciones legales.

“La parte central es disminuir la eficacia de estos grupos a partir del congelamiento de cuentas,  desmantelamiento de las empresas fachada que les dan protección y por supuesto el flujo del dinero, para poder evitar que sigan contratando sicarios, vigilantes, entre comillas que privan de la libertad a las niñas, los niños, los adolescentes y particularmente a las mujeres en nuestro país”, enfatizó.

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Alejandro Encinas subrayó que la trata de personas, además de ser un fenómeno delictivo, constituye una forma de violencia extrema y una violación grave a los derechos humanos, a través de modalidades como la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución, la explotación laboral, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, los menores en actividades delictivas, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso, el tráfico de órganos y la experimentación biomédica.

Detalló que el 43 por ciento de los casos de enganche obedecen a ofertas de trabajo, el 28 por ciento enamoramiento, 12 por ciento están vinculados con procesos de ayuda, 7 por ciento a privación de la libertad, 5 por ciento a recepción de pagos para obtener el consentimiento, 3 por ciento al uso de sustancias y drogas y 2 por ciento a promesas de superación personal.

“La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco concentran el 58 por ciento de las denuncias, de las que el 85 por ciento corresponde a mujeres y niñas, el 15 por ciento a varones, el 73 por ciento a adultos, el 27 por ciento a menores de edad, el 84 por ciento son mexicanos y 13 por ciento extranjeros de 28 nacionalidades distintas, 29 por ciento indígenas, 6 por ciento a LGBTTI y 3 por ciento a migrantes.
 

afcl

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