CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) consideró que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos cometieron ejecuciones arbitrarias contra seis personas, entre ellas dos menores de edad durante tres operativos realizado en el año 2017 en los límites de Temixco y Cuernavaca .

Por ello, emitió la Recomendación 21VG/2019 por violaciones graves a derechos humanos misma que dirigió al Gobernador de Morelos , Cuauhtémoc Blanco Bravo , y al fiscal General de Justicia local , Uriel Carmona Gándara .

La CNDH concluyó que el gobierno estatal incurrió en una implementación inadecuada de políticas públicas “para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad” y que la Fiscalía General de Justicia local cometió una “dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas”.

“Deberá implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con las autoridades municipales de la entidad, mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justica, acorde con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU”, indicó el organismo.

Los hechos investigados por la CNDH están relacionados con tres operativos policiales en los límites de Temixco y Cuernavaca, realizados el 30 de noviembre de 2017, que derivaron en un enfrentamiento armado entre civiles y personal de la Comisión Estatal de Seguridad de la entidad.

Como consecuencia del enfrentamiento, perdieron la vida seis personas, entre ellos dos menores de edad.

La CNDH acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad incurrió en allanamientos a los domicilios en los que estaban las víctimas, cometió detenciones arbitrarias contra siete personas, uno de ellos adolescente; e hizo uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de seis personas; trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, incluidos dos menores.

Además indicó que existió dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el ministerio público del fuero común en Cuernavaca y la colocación deliberada de un arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una de las víctimas.

Señaló que existieron irregularidades en la resolución de la carpeta administrativa iniciada contra los elementos policiales que participaron en los hechos.

Recomendó a la Fiscalía General continuar con la investigación respecto de la manipulación de los cadáveres de tres víctimas.

Al gobernador Blanco Bravo recomendó que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a los lesionados, la reparación integral del año; la reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados durante el enfrentamiento y que los familiares de las víctimas mortales sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.

Además, le pidió colaborar en las investigaciones para determinar quiénes fueron los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y quiénes en la cadena de mando ordenaron, autorizaron o toleraron tales conductas.

Asimismo, la CNDH recomendó colaborar en las investigaciones contra el médico que incurrió en imprecisiones en los dictámenes que emitió sobre las lesiones que sufrieron dos adolescentes y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a 4 personas menores de edad.

“Al Fiscal General se le recomienda continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de 6 personas, incluidos 2 infantes, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia, y también deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las 6 personas privadas de la vida”, agregó.

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