, subsecretario de Derechos Humanos, reveló que el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin para conocer las acciones que realizaban los para la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 2014, por lo que indicó que todo momento las autoridades municipales, estatales y federales estaban al tanto de lo que ocurría en la Normal.

Señaló que el militar infiltrado también desapareció, pero sus mandos no hicieron ninguna acción para buscarlo, por lo que de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado “ la desaparición y el asesinato de los estudiantes ”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional y al dar a conocer más detalles del caso, el subsecretario señaló que en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición.

“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

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“La Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal. Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal, de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre.

“Este soldado López Patolzin quien estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías del 27 Batallón, su último informe fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin , sino a todos los estudiantes.

En el salón Tesorería, el subsecretario agregó: “Por eso todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su llegada a la Central de Autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual, las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya se por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, indicó.

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