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La Cámara de Diputados pagó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un total de 8 millones 240 mil pesos para la impartición de tres maestrías a diputados y funcionarios del recinto legislativo, a través de un convenio en el que le pidieron a la Máxima Casa de Estudios terminar este posgrado de manera anticipada, es decir, en tres semestres y no en cuatro, y así coincidir con la conclusión de la 65 Legislatura, pero la Universidad rechazó la propuesta.
Desde hace seis legislaturas, la Cámara Baja ha firmado convenios con diversas instituciones educativas para la impartición de diplomados, talleres, maestrías y doctorados para legisladores y servidores públicos que laboran en el recinto; sin embargo, el 18 de octubre de 2022 el Comité de Administración avaló un acuerdo con la UNAM en la materia.
Se incluía una petición especial: ajustar el calendario para que las maestrías iniciaran después del receso legislativo y “un ajuste en la carga de materias” a fin de reducir el tiempo de la impartición del grado para que las maestrías pudieran concluirse en tres semestres en vez de cuatro.
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Se trata de tres maestrías: una en Derecho Constitucional, dirigida a 40 personas y por la que se pagaron 2 millones 240 mil pesos; una en Comunicación para 35 personas por la que se pagaron 3 millones y una más en Gobierno y Asuntos Públicos, dirigida a 35 personas, por la que se erogaron 3 millones de pesos más.
En el acuerdo, en poder de EL UNIVERSAL, se advierte que la Cámara de Diputados solicitó a la UNAM un ajuste de la calendarización porque se tenía programado iniciar en el segundo semestre de 2022, pero en esos meses los diputados estarían de vacaciones por el fin del periodo ordinario de sesiones, así que se pidió que iniciara en enero de 2023. La petición fue aceptada por la Máxima Casa de Estudios.
Más tarde, la Cámara Baja hizo otra solicitud muy peculiar: “Se solicitó la posibilidad de un ajuste de la calendarización y carga de materias, a efecto de que pudieran concluirse los programas en tres semestres en vez de cuatro”, con el argumento de que se pretendía agotar los programas académicos durante la vigencia de la 65 Legislatura, pero la UNAM se negó.
Según el documento, se determinó que para el cumplimiento de los requisitos en la distribución y seriación de las materias que componen las maestrías “deberán ser impartidas a lo largo de cuatro semestres.
“La aplicación de estas características implica que la conclusión de los Programas Académicos, por la calendarización en cuatro semestres, se ubique de manera posterior a la conclusión de la 65 Legislatura”.
De acuerdo con el reglamento general de estudios de posgrado de la UNAM, en su artículo 22, “los alumnos deberán concluir sus estudios de maestría, incluyendo la graduación, en el plazo que el plan de estudios especifique, sin exceder de cuatro y seis semestres para alumnos de tiempo completo o parcial, respectivamente”.
Incluso, señala que el comité académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir los créditos y obtener el grado, pero no se mencionan plazos menores a los cuatro semestres.
El Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM establece que la maestría en Derecho, una de las que ofreció la Cámara Baja a sus diputados, es un programa acreditado por el Conahcyt, que incluso ofrece acceso a becas, y el cual debe desarrollarse de manera presencial durante un periodo obligatorio de cuatro semestres.
Respecto a las maestrías en Comunicación y en Gobierno y Asuntos Públicos, el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también señala que el plazo obligatorio para concluir las maestrías es de cuatro semestres.
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