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El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, sufrió un revés en su intento por ser reinstalado como miembro activo de la Secretaría de Marina (Semar).
Y es que un juez de Distrito le negó la suspensión provisional en el amparo que tramitó para que no se le diera de baja de la dependencia, producto del proceso penal que enfrenta por el caso de huachicol fiscal en las aduanas controladas por la Semar.
Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en materia Administrativa, resolvió que conceder la medida de protección al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, contravendría disposiciones de orden público y se perjudicaría a la sociedad, la cual está interesada en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
"En efecto, se contravendrían disposiciones de orden público y se perjudicaría a la sociedad de conceder la medida cautelar solicitada para los efectos que la solicita, debido a que la sociedad está interesada en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. De tal manera, la destitución de labores del servidor público, tiene por objeto garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública.
"Por tanto, resulta inconcuso que de otorgarse la suspensión en el caso, para que no surta efectos la determinación de baja del servidor público, implicaría que se siga perjuicio al interés social; de manera que es razonable que se proteja el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública del personal de los miembros del ejército y, por ende, la Seguridad Nacional", resolvió.
Por tal motivo, agregó que “debe permitirse que la orden de baja o retiro de un militar siga surtiendo sus efectos, en tanto no se determine la ilegalidad de la misma; pues de proceder de manera contraria, se ocasionaría la reinstalación de una persona que podría no cumplir con los estándares exigidos por la Constitución para el desempeño de las funciones del Estado”.
Farías Laguna aún pueden impugnar la resolución ante un tribunal colegiado, mismo que tendrá 48 horas para resolver.
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