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La organización civil Causa en Común advirtió que la reciente “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) evidencia la precariedad de la información oficial y la debilidad de las instituciones encargadas de documentar la crisis de desapariciones en México.
En un comunicado, expresó que a ocho años de la Ley General en Materia de Desaparición, el país sigue sin contar con un balance confiable y verificable del total de personas desaparecidas.
De acuerdo con el análisis de la organización, las cifras dadas a conocer por el gobierno federal, lejos de aportar claridad, presentan inconsistencias que deben revisarse con cautela.
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El RNPDNO reporta 130 mil 178 registros. De ellos, 46 mil 742 (36%) corresponden a casos incompletos, sin información suficiente para corroborar identidades ni activar acciones efectivas de búsqueda. Otros 40 mil 308 (31%) fueron clasificados a partir de supuestas “actividades” detectadas en cruces administrativos posteriores a la desaparición, lo que llevó a las autoridades a presumir que esas personas no están desaparecidas.
En tanto, 43 mil 128 registros (33%) se consideran desapariciones “verificadas”, aunque únicamente 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación, lo que refleja las limitaciones estructurales de las fiscalías.
Causa en Común señaló que el registro es un instrumento inaccesible, sin reglas claras y sin mecanismos independientes de verificación, lo que impide validar la consistencia de los datos. Además, cuestionó que indicios administrativos sean utilizados para descartar desapariciones o que la falta de información derive en la exclusión de casos.
“La lógica es preocupante: como no hay datos suficientes, no se busca; y como no se busca, entonces no se considera desaparición”, advirtió.
La organización también alertó sobre el hecho de que los registros se subordinen a la capacidad de investigación de fiscalías que operan en condiciones de saturación, lo que introduce sesgos adicionales en la contabilización de los casos.
Para Causa en Común, sin un fortalecimiento real de las instituciones encargadas de la búsqueda, estas “depuraciones” corren el riesgo de convertirse en ajustes estadísticos funcionales a un discurso político, sin impacto en el acceso a la verdad ni a la justicia.
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Ante este panorama, la organización insistió en la urgencia de reforzar las búsquedas en campo, acelerar los procesos de identificación forense y garantizar recursos suficientes para fiscalías y comisiones de búsqueda.
Subrayó que la crisis de desapariciones no puede tratarse como un problema mediático, sino como una responsabilidad del Estado para esclarecer los hechos y atender a las víctimas.
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