Cambios en Segob, “apegados a la ley”

Señor Director:

Me permito hacer las siguientes aclaraciones, respecto a la columna de Salvador García Soto, Navarrete: protagonismo y buenas intenciones, publicada ayer :

Con relación al operativo Escudo-Titán que se implementó a través de la Comisión Nacional de Seguridad, en conjunto con la Procuraduría General de la República y autoridades estatales, en ciudades consideradas como de alta incidencia delictiva, le informo que dicho operativo fue analizado con solidez técnica para que autoridades civiles disminuyeran, como ha sucedido en el corto plazo, el impacto de delitos violentos.

La Constitución General de la República y la Ley obligan a actuar en el marco de respeto a los derechos humanos, pero sí con contundencia para devolverle seguridad a la población en esas zonas.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública da hoy un reporte oficial de la baja sensible de delitos violentos en las ciudades donde se implementó el operativo.

Los elementos de la Procuraduría General de la República que, desafortunadamente, fueros privados de su libertad y posteriormente de la vida, por un grupo criminal plenamente identificado, NO participaban en este despliegue operativo, vamos ni siquiera el estado de la República donde ocurrió el lamentable hecho en contra de los citados agentes se encuentra en el marco del despliegue Escudo-Titán.

De las investigaciones se desprende que, cuando fueron “secuestrados”, se encontraban fuera de funciones oficiales, en un evento familiar, en el estado de Nayarit.

Desconozco los motivos por los que el columnista refiere que esta acción injustificada de un grupo criminal en contra de los elementos de la PGR se derivó del citado operativo.

Le reitero, que la instrucción directa y clara para las fuerzas policiales federales fue combate a la delincuencia, pero con absoluto respeto a derechos humanos. No hay seguridad pública real sin respeto a derechos humanos de cualquier persona.

En dicha columna se menciona también el lamentable accidente que sufrimos un servidor, el Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, así como servidores públicos federales, civiles, militares y estatales, quienes realizábamos un sobrevuelo en Pinotepa Nacional para constatar los daños causados por el sismo registrado el pasado viernes, cuyo epicentro fue en esa zona y que, desafortunadamente, por motivos hasta hoy todavía desconocidos causó el desplome de la aeronave y el fatídico fallecimiento de personas que se encontraban en el lugar en espera del aterrizaje, de lo cual expreso profundamente mi pesar a familiares de las víctimas.

Quiero dejar claro que el citado vuelo se realizó en una aeronave militar prácticamente nueva, con equipos de navegación nocturna y radares, cuyos pilotos contaban en lo personal con equipos adicionales de navegación nocturna e incluso un personal militar que fungía como navegante, todo esto bajo, repito, protocolos militares.

No era posible trasladarme por tierra hacia ese lugar, ya que se me informó que había deslaves en la carretera que conducía a Pinotepa Nacional y se encontraba la misma en revisión.

La presencia del Secretario de Gobernación y de los demás servidores públicos que iban en esa aeronave era necesaria, ya que al haber ordenado el Ejecutivo Federal la ejecución del Plan “MX”, para casos de desastre se despliegan autoridades policiacas federales y estatales, de protección civil federales y estatales, así como del Ejército y Marina, todas ellas bajo mando civil y coordinadas por Ley por la Secretaría de Gobernación a mi cargo.

El reporte indicaba posible afectación en 2,000 viviendas en gente de escasos recursos, así como fallas de luz, agua, daños en hospitales y ausencia de comunicación como ya expresé terrestre.

El mayor temor era que gente con vivienda lastimada permaneciera en sus casas, y en la posibilidad de réplicas la vivienda pudiera colapsar y ponerse

en riesgo la vida. Con ese riesgo evaluado había que acudir al lugar en ese momento y no un día después como lo señala el periodista.

Por último, quisiera señalar que, con relación a los cambios administrativos llevados a cabo con motivo de mi nombramiento el pasado 10 de enero, es facultad del Ejecutivo Federal hacer dichos movimientos administrativos para el mejor funcionamiento del aparato administrativo en la responsabilidad que se encargó. En este sentido, los funcionarios salientes tienen la obligación, tal como lo señalan las leyes de Contraloría sobre la materia, de hacer una entrega formal de la responsabilidad que les fue encomendada, por lo que desconozco los motivos señalados por el periodista respecto de que la transición no fue la más “tersa ni amigable”; más aún, cuando dicho comunicador tiene pleno conocimiento de las actividades en la Secretaría de Gobernación, las cuales no pueden interrumpirse, y conoce perfectamente cómo se llevan a cabo este tipo de decisiones.

Con base en lo anterior, le solicito amablemente la publicación de esta carta aclaratoria.

Atentamente,

Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.