Buscan endurecer las medidas contra hampa

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Gobernadores del PRI y uno de Morena, el de Veracruz, presentaron ayer al Senado sus propuestas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para endurecer el combate a la delincuencia con la inclusión de medidas para permitir el ingreso a domicilios en persecución en flagrancia, el aseguramiento de los vehículos que utilizan los hampones sin necesidad de control judicial y redimensionar el peso de la denuncia anónima.

“México no puede seguir combatiendo a la delincuencia desde una posición de pasividad y desventaja”, se deben respetar los derechos humanos, proteger a las víctimas y abatir la impunidad, dijo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al presentar las propuestas a nombre de todos los gobernadores del PRI.

Lo acompañaron los mandatarios de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; Hidalgo, Omar Fayad, y Cuitláhuac García, de Veracruz, quien se adhirió a las propuestas en aras de abrir el debate.

Entre los planteamientos está la ampliación de los supuestos de peligro de sustracción del imputado, crear la figura de “pruebas anticipadas”, por ejemplo, en delitos sexuales o contra menores de edad, y que las declaraciones de ilegalidad en la detención de un presunto responsable sean apelables.

Sobre las denuncias anónimas estableció que si bien carecen de valor probatorio, se debe modificar la ley para que sí puedan ser un elemento para abrir líneas de investigación y se propuso que las órdenes de aprehensión o cateo puedan dictarse desde lugares distintos a donde se comete el delito.

Esto porque, explicó, “del lado de gobiernos estatales o el federal, las fiscalías y las procuradurías se han encontrado con la dificultad de que el lugar donde se debe ejecutar una orden de aprehensión o de cateo existen informantes incluso dentro de las instituciones”, lo que obstruye las diligencias, así que para el éxito de las órdenes de cateo o aprehensión, se propone que se puedan solicitar en lugar diverso a la comisión del delito.

Sobre la posibilidad de ingreso de la autoridad a un lugar cerrado cuando se esté en un supuesto de flagrancia y el o los imputados se introduzcan para evadirse, en el documento se detalla que en esos casos el código nacional señala que es válido sin autorización judicial, pero “con el consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgar permiso”, por ejemplo el propietario.

Sin embargo, se establece el deber de “informar de esta circunstancia al órgano jurisdiccional dentro de los cinco días siguientes y presentar a la persona que haya otorgado el consentimiento”, lo cual no siempre es posible, por lo que deberá bastar la autorización previamente dada.

Con estas propuestas “se trata de darle dientes al Estado, de pasar de la pasividad a la acción, de la defensiva a la ofensiva, de tener una nueva ley y que no sea letra muerta [pues] hoy el Estado mexicano carece de efectividad en el combate al crimen organizado”, dijo Murat Hinojosa.

“Hemos decidido acompañar esta presentación”, afirmó García Jiménez (Morena) para que se abra el debate, pues la ley es perfectible.

Fayad Meneses, de Hidalgo, vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Comisión Nacional de Gobernadores, agregó la necesidad de incorporar al artículo 19 de la Constitución y como delito que amerite prisión preventiva oficiosa, el robo con violencia en transporte.