Buscan acabar con crisis forense

Este lunes, las comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara de Diputados dictaminarán el proyecto de decreto por el que se crea el Centro Nacional de Identificación Humana, un instituto especializado en el reconocimiento masivo de cuerpos.

Se trata del séptimo proyecto presidencial que recibe la 65 Legislatura, en el que se prevé avanzar en el reconocimiento de personas localizadas sin vida y que contaban con el reporte de desaparecidas, cifra que hasta noviembre de 2021 era de 95 mil.

La propuesta,que se recibió el 31 de marzo de 2022, establece que el centro será una unidad administrativa con independencia técnico-científica, adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda.

El sistema forense podrá combinar los procedimientos de búsqueda con enfoque masivo o a gran escala con el individualizado o tradicional.

Da atribuciones a la Comisión Nacional de Búsqueda para diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana en coadyuvancia con las comisiones locales, la FGR, las fiscalías especializadas y las instituciones de servicios forenses.

También podrá recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar con fines de identificación humana, los cuerpos, restos humanos y muestras óseas para procesamiento genético.

Podrá realizar campañas de toma de muestras referenciales para su procesamiento a nivel nacional, “que permitan recabar información genética de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas, sin necesidad de denuncia penal”.

Se faculta a la Comisión Nacional de Búsqueda para inspeccionar centros de resguardo, cementerios, fosas comunes “y todo sitio en el que se encuentren cuerpos o restos humanos e indicios biológicos sin identificar”.

En la iniciativa se afirma que la crisis forense se deriva de la falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales, la escasez de especialistas, recursos limitados, falta de criterios homologados para la conservación de cuerpos; desconocimiento de la normatividad aplicable e insuficiencia de cementerios.