En el contexto de querella del gobierno de México contra armerías de Estados Unidos por no modificar sus políticas de comercialización y ser cómplices indirectos del crimen organizado, la Sedena analiza fabricar armas de fuego para policías estatales y no depender del extranjero para adquirirlas.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, adelantó que se analiza fabricar armamento y municiones para policías estatales, con lo que se facilitaría el control de armas y no se dependería de compañías extranjeras para la compra de éstas.

Durante la mañanera del Presidente, en las instalaciones de del 60 Batallón de Infantería de Cajeme, el alto mando castrense señaló que ya se cuenta con un proyecto que puede ser desarrollado en la fábrica de armas de la Oriental de Puebla.

“Hay un proyecto dentro de nuestra industria militar que en esta administración se han incrementado las capacidades de nuestra industria y hemos pensado como proyecto que en algún momento, una vez concluida toda la infraestructura que se tiene en Oriental, Puebla, podríamos hacer el análisis de tener la posibilidad de fabricar armas, como lo hacemos actualmente para nuestra institución”, explicó.

Señaló que esas armas serían para la policía estatal, de tal manera que sería más fácil tener un control de armas y municiones, y no depender del extranjero para adquirir el armamento. Dijo que las empresas extranjeras se tardan hasta un año, en trámites, para tener armamento disponible para las fuerzas policiales.

En agosto del año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos, a las que acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.

La Cancillería dijo que la acción legal fue presentada ante una Corte federal en Boston, con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos. El gobierno argumenta que la venta ilegal de parte de los fabricantes y distribuidores estuvo detrás de 17mil asesinatos en 2019 y que de 70% a 90% de las armas decomisadas en México provienen de EU.

El titular de la Sedena informó que analizarán la propuesta del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien le pidió revisar si es posible que las armas decomisadas en Navojoa en marzo pasado —casi 3 millones de cartuchos y armas de fuego nuevas— en lugar de ser destruidas, como señala la ley, puedan destinarse a cuerpos de seguridad en el estado.

“Recientemente la Sedena hizo un aseguramiento histórico en Navojoa, un número importante de armas de alto calibre nuevas, y estábamos planteando que en virtud de ser armas nuevas que no han sido utilizadas, que no tienen historia, pudieran destinarse a algunos cuerpos municipales”.

El general recordó que la ley restringe su uso y no todas las armas están en buenas condiciones; habrá que analizar, dijo.

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