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El gobierno federal creará una institución especial que administrará los bienes, recursos y todo lo que se confisque al narcotráfico y a los políticos corruptos, para que puedan utilizarse en apoyo de hospitales, escuelas, asilos y en la construcción de obras públicas.

En su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esa institución será creada con la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, que se establece que si a un político o a la delincuencia organizada se le decomisan dólares y bienes, esos fondos se destinarán a hospitales, escuelas, asilos, y construcción de obras, y que se sepa que esos recursos son fruto de lo robado.

“Al corrupto, al que se dedicaba a la delincuencia no se le quitaban los bienes, o era muy difícil hacerlo, ahora todo eso se va a simplificar y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones a organizaciones criminales, todo lo que se confisque y se expropie a corruptos, así como a quienes se dediquen a la delincuencia, se entreguen a la gente”, detalló.

En otro tema, el Jefe del Ejecutivo federal celebró la elección en el Senado de Yasmín Esquivel como nueva ministra de la Suprema Corte y aclaró que no hay ningún conflicto de intereses con su esposo, José María Riobóo, ya que éste no tiene un cargo en el gobierno.

“Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la Corte, es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de Derecho, con maestría, doctorado (...) celebro que se haya decidido por ella de manera democrática”, afirmó.

La ministra electa ayer en el Senado es esposa del otrora contratista de López Obrador, José María Riobóo.

Sobre los 10 proveedores de medicamentos consentidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Presidente aclaró que no hay denuncias, sólo buscarán que no haya privilegiados ni preferentes en las adquisiciones de su administración.

Después de negar que utilice bots para atacar lo que llama “prensa fifí”, anunció la cancelación de la consulta popular que se realizaría el 21 de marzo para que la ciudadanía decidiera si se enjuiciaría por corrupción a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que esa consulta se realizará hasta que en el Legislativo se reforme el 35 constitucional. Tampoco se realizará el 21 de marzo la consulta para conocer si la gente está de acuerdo con que lo asesore un grupo de empresarios.

Por otra parte, López Obrador confirmó que revisan los antecedentes de dos funcionarios públicos adscritos a diversas dependencias y que laboraron con el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, ahora Secretaría del Bienestar) y ahora diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda Nava.

El Presidente también tomó como un mal entendido las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre que se retrasaría la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. No obstante, aseguró que no hubo contradicciones ni confrontaciones con el equipo de Hacienda.

Por la tarde, tuvo una segunda reunión en menos de un mes con miembros de la Iglesia cristiana evangélica, quienes le insistieron en reformar la ley para que los religiosos puedan tener su propio canal de TV.

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