Acusan en Altiplano negativa a test Covid

Héctor El Güero Palma acusó que las autoridades del penal del Altiplano se han negado a aplicarle la prueba para Covid-19.

Por ello, tramitó un amparo en el que el juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Civiles de Toluca, Estado de México, le concedió una suspensión para que las autoridades penitenciarias le realicen estudios médicos y determinen si requiere de un test rápido.

En su demanda, el compadre de Joaquín El Chapo Guzmán afirmó que en la prisión ni le ha hecho la prueba ni permiten que un médico ingrese a tomar las muestras necesarias para descartar si tiene el virus, a pesar de que tiene diversos padecimientos y eso lo coloca en estatus de población vulnerable.

“Se concede la suspensión de plano y de oficio, para que se otorgue al quejoso el tratamiento médico que, en su caso, requiera acorde a su expediente clínico.

“Asimismo, la suspensión se concede para el efecto de que los médicos que prestan su servicio en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, con base en los estudios que le realicen al quejoso de los padecimientos que presente y determinen, si es necesario, que se le practiquen a éste las pruebas de laboratorio para identificar si es portador del virus SARS-CoV-2 que origina la enfermedad conocida como Covid-19”, señala el juez.

El juzgador añadió que de resultar positivo a coronavirus, las autoridades penitenciarias deberán brindarle el tratamiento médico necesario para combatirlo o solicitar apoyo de médicos externos, a fin de que le apliquen una prueba rápida.

Antecedentes

Palma Salazar fue deportado a México en 2016 tras pasar nueve años en diferentes cárceles de Estados Unidos; a su llegada fue imputado de un delito de homicidio de dos agentes de la policía judicial en 1995. Por este crimen ya le fue emitido auto de formal prisión y aunque intentó ampararse, un juez de amparo en Nayarit le negó la protección federal.

En 2017 otro juez inició un segundo juicio contra el capo por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, cometido durante su reclusión en el penal de Occidente en Jalisco, entre 1995 y 2007.