San José.— La esperanza de comicios libres y justos para restablecer la democracia en Venezuela quedó atada a gigantescos signos de interrogación, luego de que el régimen izquierdista impidió anteayer a la Plataforma Unitaria De mocrática (PUD), principal núcleo antichavista, inscribir su candidatura a la presidencia y rompió la promesa que hizo en 2023 en Barbados para garantizar un proceso electoral transparente y limpio en 2024.

La PUD recibió una prórroga de 12 horas a partir de la medianoche de anteayer del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, e inscribió ayer como candidato provisional al opositor derechista Edmundo González, con opción de cambiarlo a partir del lunes; el total de aspirantes llegó a 13. La PUD aclaró que luchará para conseguir registrar su real “candidatura unitaria”.

El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, pareció distanciarse ayer de su vecino y aliado, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, al exponer su “preocupación por los recientes acontecimientos” con el registro de “algunas candidaturas presidenciales particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentan sectores mayoritarios de oposición”, como la PUD.

El escenario en Venezuela “podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio”, recalcó. “Las garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual, constituyen un eje fundamental en el marco de la democracia y por esto, Colombia se une a los llamados de la comunidad internacional sobre la necesidad de priorizar el actual proceso político electoral presidencial como mecanismo democrático”, subrayó.

El pronunciamiento de Bogotá molestó a Caracas. El canciller venezolano Yvan Gil acusó que “empujada por la necesidad de complacer los designios” del Departamento de Estado de Estados Unidos, “la cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que sólo le competen a los venezolanos (...) Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia, incluso en momentos de violencia y grandes divisiones. Emitir juicios falsos no sólo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, que ha sido promovido por nuestros presidentes”, añadió.

Después de casi 42 meses de ruptura, Bogotá y Caracas reanudaron lazos diplomáticos en agosto de 2022 con el ascenso de Petro y Maduro recibió oxígeno político.

Colombia no fue el único en expresar su inquietud: el presidente de Guatemala, el centroizquierdista Bernardo Arévalo, cuestionó a Maduro: “Es preocupante el proceso electoral en Venezuela (...) El bloqueo constante a la candidatura unitaria de la oposición ante el acoso y persecución del oficialismo consolida un sistema antidemocrático”. El presidente argentino, Javier Milei instó al presidente venezolano a realizar “elecciones libres” y anunció que la embajada en Caracas acoge a líderes políticos opositores venezolanos, ante “actos de hostigamiento y persecución”.

Maduro se inscribió anteayer y aspirará a un tercer gobierno consecutivo desde 2013, en un sexenio de 2025 a 2031, pero las encuestas alertaron que perdería frente a la opositora derechista María Corina Machado, ganadora el 22 de octubre de 2023 de las primarias en la PUD. Machado fue inhabilitada por el régimen de 2015 a 2036 para aspirar a cargos de elección popular y se le cerró la vía a inscribir su candidatura. La también opositora derechista Corina Yoris, designada el 22 de este mes por Machado en su reemplazo o sucesora, tampoco pudo registrarse como candidata de la PAD.

Maduro excluyó a la PUD de las elecciones al bloquearle el acceso al sistema de inscripción del CNE para matricular a Yoris como aspirante.

La medida dañó el acuerdo que oficialistas y opositores firmaron, el 17 de octubre de 2023 en Barbados para garantizar comicios libres y limpios. La oposición culpó al oficialismo de incumplir el pacto, pero el gobierno negó haberlos violentado. La PUD denunció que “Maduro NO permitió la postulación de la candidatura unitaria NUNCA se nos permitió el acceso al sistema de postulaciones”.

La férrea negativa de Maduro a permitir una lucha en igualdad de condiciones y libre postulación para someterse sin ventajas a la voluntad popular en las urnas impactaría en los países que apostaron su credibilidad al proceso que remató en Barbados. Noruega fue mediador entre la PUD y el régimen. México y Barbados albergaron los diálogos. Estados Unidos intercambió presos con Caracas y aflojó las sanciones económicas que impuso de 2014 a 2017 a Venezuela por violar los derechos humanos y romper el orden constitucional. La Unión Europea ofreció enviar observadores electorales. Rusia acompañó al bando oficial y Países Bajos al opositor. EU, México, Argentina, Brasil, Colombia y Francia se sumaron a la negociación final como testigos y acompañantes.

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