El pasado jueves, la respetada organización independiente Reporteros sin Fronteras (RFS) reveló un nuevo retroceso en la libertad de expresión de Costa Rica. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 descendimos dos puestos, hasta el lugar 38. En 2021 habíamos ocupado el quinto lugar, solo superados por Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Pero a partir del siguiente año iniciamos una vertiginosa caída. La razón es de sobra conocida: la ofensiva gubernamental a los periodistas y medios independientes.
Dos días después de ese anuncio, se hizo público un nuevo e inesperado golpe al periodismo independiente. Esta vez fue de naturaleza extraterritorial: el retiro de visas de ingreso a Estados Unidos a cinco de los siete miembros de la Junta Directiva de La Nación S.A., empresa editora de este periódico, La Teja y El Financiero.
Ante la ausencia de explicaciones sobre la decisión o de razones objetivas que la sustenten, solo es posible llegar a una conclusión: su propósito ha sido castigar la línea editorial de La Nación y, a la vez, tratar de doblegar nuestra autonomía periodística. De aquí que, aunque sea del resorte soberano de su gobierno, la consideremos un serio ataque a la libertad de expresión.
Aplicar tal medida a la casi totalidad del cuerpo colegiado de un órgano de prensa no tiene precedentes en nuestra historia. Incluso, no conocemos ningún caso similar en otros países democráticos. Su gravedad no puede menospreciarse.
El castigo ya se materializó, con perjuicio para cinco personas con hojas de vida intachables. El intento de que renunciemos a nuestra independencia y los principios que nos han guiado por casi ocho décadas no prosperará. Al contrario, nos da nuevos bríos para seguir adelante. Bien lo dijo nuestra Junta Directiva en un comunicado a raíz de la decisión:
“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años.
“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad”.
No pretendemos erigirnos en mártires o héroes por lo sucedido, sino denunciar sus posibles móviles y reiterar que, como equipo periodístico, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas éticas, profesionales y cívicas. Son esas las principales razones de nuestra existencia y arraigo en la sociedad.
Quizá el contenido que el retiro de las visas quiso penalizar sea aquel en que hemos cuestionado, con respeto, sustento y claridad, decisiones tomadas por el actual gobierno estadounidense. Si tal fuera el caso, muchos otros medios, en muchos otros países, tan o más severos en sus críticas, habrían experimentado lo mismo.
Que no haya sido así conduce a otra hipótesis, más factible y más perturbadora: que el propósito sea cobrarnos nuestra vigorosa independencia de criterio y crítica hacia el presidente Rodrigo Chaves y su gobierno. Cuesta creerlo, porque implicaría que el gobierno de Estados Unidos decidió convertirse en instrumento de sus ímpetus autocráticos, pero, por desgracia, otros hechos dan aún más sustento al supuesto.
La decisión se divulgó en tres medios usualmente cercanos a la Presidencia, con detalles de nombres y fechas de vencimiento de las visas actuales de los afectados, antes de que estos fueran informados. Es casi imposible que hayan salido de la Embajada estadounidense. Además, este ha sido el mismo patrón observado, a partir de febrero de 2025, en los demás casos de costarricenses despojados de sus visas.
Sobre algunos de ellos era posible señalar, como eventual (aunque no legítima) razón, estrechas relaciones con la empresa china Huawei. En la mayoría, sin embargo, el elemento común ha sido la animadversión del presidente Chaves hacia las personas afectadas, casi todas de elección popular o en cargos de alta responsabilidad. Entre ellas están los magistrados constitucionales Paul Rueda y Fernando Cruz; el expresidente y premio Nobel de la Paz Óscar Arias; el entonces presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y los diputados Francisco Nicolás y Vanessa Castro.
En nuestro editorial del 2 de abril de 2025, a raíz del retiro de la visa a Óscar Arias, escribimos lo siguiente: “…si se opta por algo tan grave e injustificado contra un expresidente y diputados, ¿qué podría pasar con otras personas cuyas posiciones sean consideradas inaceptables por la Casa Blanca, o que, simplemente, generen enojo a sus más altos funcionarios?
Hoy tenemos razones muy sólidas para suponer que no se trata solo, ni tanto, de qué se piense en Washington; muchos elementos también apuntan hacia la Casa Presidencial de Costa Rica. La convergencia de ambos torna alarmantes tanto el método como los propósitos que lo animan. No solo vulneran seriamente la libertad de expresión, sino la integridad de nuestra democracia.