Lima.- El gobierno de Perú pidió que se cumplan las obligaciones internacionales establecidas en el Sistema Interamericano y se respeten las decisiones internas que está tomando "para resguardar la institucionalidad democrática", tras el comunicado emitido ayer por Colombia, , Bolivia y Argentina en el que reconocen como presidente al destituido Pedro Castillo .

El Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a un pronunciamiento emitido "por un grupo de países", a los que no mencionó, sobre la crisis política y social que afecta a la nación andina.

Los gobiernos de Colombia, México , Argentina y Bolivia expresaron este lunes "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", al que aún consideran presidente de Perú y ven como "víctima de un antidemocrático hostigamiento".

"El gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú", respondió Exteriores.

Agregó que "las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado".

La Cancillería sostuvo que esto generó la decisión del Congreso de destituirlo y que "de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República".

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Destacó, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, el 8 de diciembre pasado, "la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional" y reafirmó "que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho".

También que Boluarte ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024 y reiteró "su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y (que) persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país".

La situación de Castillo 

En un comunicado conjunto publicado el lunes por la Cancillería colombiana, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia aseguraron que Castillo está siendo "objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio" y pidieron que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano.

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Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de detención, al que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles, en la que aseguró que considera estar "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a Boluarte.

El exgobernante permanece detenido en el penal de la base policial de la Diroes, en el distrito limeño de Ate, donde también cumple una condena a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Este lunes, la Defensoría del Pueblo señaló que constató que Castillo "recibe un trato adecuado, conforme a lo regulado en el ordenamiento jurídico, no evidenciándose vulneración a sus derechos como una persona detenida".

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También señaló que desde el miércoles el exmandatario ha recibido 139 visitas de sus familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados y de amigos, y no ha informado padecer de alguna enfermedad, salvo la utilización de un audífono medicado.

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agv/mcc

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