Nuevo México demanda al Departamento de Justicia; acusa bloqueo en investigación sobre Epstein

Cedar Crest, Nuevo México. El estado de Nuevo México demandó al Departamento de Justicia y a su secretario interino, Todd Blanche, el miércoles, afirmando que el gobierno federal bloqueó la capacidad del estado para investigar los delitos sexuales de Jeffrey Epstein en una hacienda ubicada allí.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, D.C., sostiene que el Departamento de Justicia y Blanche pusieron trabas a la investigación penal del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, sobre Epstein y otras personas, al tomar medidas que “perjudican activamente a las víctimas y socavan el interés público”.

La demanda, que busca la intervención judicial para obligar al gobierno federal a entregar materiales pertinentes a los investigadores de Nuevo México, se presentó el mismo día en que el estado difundió los hallazgos preliminares de una pesquisa suya sobre Epstein y la finca.

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Torrez y sus principales fiscales “han enfrentado una resistencia sostenida” al tipo de intercambio de información que en el pasado se había dado entre investigadores estatales y federales, según la demanda.

En un comunicado, el Departamento de Justicia indicó que no divulgó la información solicitada porque órdenes de tribunales federales prohíben revelar “información que identifique a las víctimas sin restricciones, y Nuevo México no ha aportado ninguna base legal para justificar divulgaciones tan amplias”.

Añadió que proteger la privacidad de las víctimas sigue siendo una prioridad máxima, aunque el Departamento de Justicia “sigue disponible para ayudar a la investigación de Nuevo México de conformidad con la ley y las órdenes judiciales vinculantes”.

La demanda afirma que el Departamento de Justicia y Blanche están ocultando información sobre Epstein y sus cómplices cuando Nuevo México es una de las pocas jurisdicciones que quizá aún pueda “brindar algún sentido de justicia a los sobrevivientes”.

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. Foto: AP

En una videoconferencia con reporteros, Torrez dijo que su oficina ha hecho 10 solicitudes separadas de información y que han sido ignoradas o rechazadas.

“Hemos escuchado repetidamente que cooperarán y lo que nuestro equipo ha experimentado es todo menos cooperación”, declaró Torrez.

“Todd Blanche hoy, con un trazo de pluma, podría concedernos el acceso que afirmó”, agregó. “En cambio, han decidido bloquear, obstruir y, francamente, ocultar por la razón que sea”.

Epstein se quitó la vida en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York en agosto de 2019, después de que se le negara la libertad bajo fianza por cargos de tráfico sexual presentados en su contra cuando fue arrestado un mes antes.

Su exnovia Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión después de que en 2021 fue declarada culpable de cargos de tráfico sexual en un juicio en Manhattan, donde parte del testimonio de los testigos alegó que Epstein y Maxwell habían abusado sexualmente de mujeres en el terreno de Nuevo México.

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Epstein compró la propiedad en Stanley, Nuevo México, una comunidad ganadera escasamente poblada a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Santa Fe, en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King, y construyó una mansión con una pista de aterrizaje privada y un helipuerto.

La propiedad fue vendida por el patrimonio de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, un republicano que recientemente fue nombrado contralor estatal en Texas. En una publicación de febrero en redes sociales en X, Huffines dijo que la propiedad fue rebautizada como San Rafael Ranch, en honor a un santo asociado con la sanación, y que su familia construirá allí un retiro cristiano.

El Departamento de Justicia comenzó a divulgar en diciembre documentos relacionados con Epstein y Maxwell, de conformidad con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Rápidamente surgieron quejas por tachaduras deficientes y por la cantidad excesiva de materiales sellados, tanto de acusadores como de miembros del Congreso que lucharon por aprobar la ley de transparencia. Los registros que se publicaron, incluidas fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, expedientes judiciales y otros documentos, ya eran públicos o estaban fuertemente censurados, y muchos carecían del contexto necesario.

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