José Ignacio Moreno: la historia del abogado que pagó con su libertad el litigio del oro en Venezuela
Quedó preso tras representar a una minera canadiense. Su caso expone la falta de seguridad jurídica para la inversión en territorio venezolano
Pese a que el Ejecutivo venezolano con Delcy Rodríguez al frente insiste en proyectar una imagen de apertura económica, apelando al capital privado internacional mediante ofertas de garantías, alianzas estratégicas e incentivos fiscales para reactivar sectores clave de la economía, el panorama de la administración de justicia nacional contrapone esa narrativa.
El caso del abogado José Ignacio Moreno Suárez se ha transformado en el reflejo de esta paradoja.
Moreno es protagonista de cómo el ejercicio legal de la abogacía en representación de una multinacional canadiense terminó convirtiéndose en una condena de privación de libertad, dejando al descubierto el enorme abismo existente entre la retórica oficial que busca captar divisas extranjeras y la realidad de un sistema judicial caracterizado por la vulneración sistemática del debido proceso.
Quién es José Ignacio Moreno y el origen del conflicto
José Ignacio Moreno Suárez es un abogado especialista en materia corporativa y penal, cuyo rol se centró en la asesoría e intermediación legal dentro de Venezuela para la empresa minera canadiense Gold Reserve Inc.. Esta compañía mantiene un litigio arbitral internacional de altísimo impacto económico contra Venezuela por la cancelación de las concesiones del emblemático proyecto aurífero y cuprífero Brisas-Cristinas, ubicado en el Arco Minero del Orinoco.
El 4 de junio de 2023, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo abordaron en un restaurante del este de Caracas y le solicitaron que los acompañara bajo el argumento de realizar una "entrevista de rutina". Horas más tarde, quedó privado de libertad, iniciando un periplo de reclusión que actualmente lo mantiene en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I.
El Ministerio Público le atribuyó de inmediato imputaciones de extrema gravedad delictiva:
- Traición a la patria
- Conspiración con gobierno extranjero
- Asociación para delinquir
Para su equipo de defensa, encabezado por el jurista Jesús Loreto Carpio, estas acusaciones configuran una abierta criminalización del ejercicio profesional. La tesis fiscal no castiga un delito común ni una conspiración real, sino la labor ordinaria de un apoderado legal que actuó para proteger las acreencias y derechos contractuales de su cliente.
Las anomalías procesales y la vulneración de garantías constitucionales
El expediente judicial contra Moreno Suárez condensa de forma exhaustiva las deficiencias, sesgos y arbitrariedades que diversos organismos internacionales de derechos humanos —como la Misión Internacional Independiente de la ONU y la CIDH— han documentado sobre la justicia penal en Venezuela cuando se procesan causas con trasfondo político o de alto interés para el poder central:
- Arresto arbitrario y sin flagrancia: La aprehensión se ejecutó sin la existencia previa de una orden judicial dictada por un tribunal competente ni bajo el supuesto de flagrancia previsto en la Constitución.
- Aislamiento e indefensión: Moreno Suárez permaneció aproximadamente 45 días incomunicado, sin la posibilidad de designar o reunirse con abogados de su confianza y asistido únicamente por una defensa pública formal. Asimismo, se le negó reiteradamente el acceso directo al expediente y a las pruebas en su contra.
- Restricciones en la reclusión: Ya trasladado a El Rodeo I, los abogados defensores han denunciado trabas severas para preparar la estrategia jurídica, incluyendo la prohibición de ingresar papel, lápiz, documentos o jurisprudencia durante las breves sesiones de visita otorgadas.
- Vencimiento de la prisión preventiva: De acuerdo con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la privación preventiva de libertad no puede exceder el límite legal de dos años sin que medie un juicio fundado. Con más de tres años encarcelado sin condena ni juicio instalado, la medida privativa resulta a todas luces ilegal y desproporcionada.
- Debilidad del acervo probatorio: Las supuestas evidencias presentadas por la Fiscalía se reducen a una gorra institucional con el logotipo de la minera Gold Reserve, una copia impresa del laudo arbitral (un documento público e internacional de libre acceso) y la mención a un supuesto correo electrónico al que la defensa jamás ha tenido acceso para ejercer el control de la prueba.
La gran contradicción: Inversión extranjera versus desprotección jurídica
El fondo de este caso expone una incongruencia insostenible que afecta directamente la credibilidad internacional de Venezuela y sus posibilidades de recuperación económica:
- El llamado al capital internacional en un vacío de certezas: Es profundamente contradictorio que el gobierno venezolano promueva foros internacionales y leyes de protección a las inversiones buscando atraer capitales de Europa, Asia y América, mientras que, al mismo tiempo, los representantes de corporaciones que litigan derechos legítimos derivados de inversiones previas terminan tras las rejas acusados de traición a la patria.
- El riesgo sistémico para profesionales y empresas: La detención de un abogado por la vía penal tras un diferendo comercial o arbitral sienta un antecedente de alto riesgo disuasivo. Envía un mensaje contundente al mercado internacional: en Venezuela no solo se encuentran desprotegidos los activos corporativos, sino también la seguridad personal, la libertad física y la integridad de los consultores, asesores y representantes locales que las empresas extranjeras requieren para operar.
- Sin debido proceso no hay confianza económica: Ningún marco de incentivos tributarios ni facilidades operativas resulta suficiente para suplir la ausencia de un Poder Judicial independiente. Si el Estado utiliza el aparato penal como herramienta de presión o retaliación dentro de litigios económicos, la confianza institucional indispensable para cualquier inversión de envergadura queda completamente anulada.
Un caso que trasciende lo jurídico
A la fecha, las solicitudes de revisión de la medida privativa de libertad tramitadas por la defensa continúan paralizadas en instancias de apelación, mientras que el inicio del juicio formal se posterga indefinidamente.
El caso de José Ignacio Moreno Suárez ha dejado de ser únicamente un litigio individual para convertirse en un emblema de los riesgos que entraña el ejercicio profesional y corporativo en el país.
"Su prolongada detención expone el nudo ciego de la política oficial: resulta imposible construir un clima atractivo para los negocios y las inversiones internacionales sobre las ruinas del debido proceso y la seguridad jurídica", dijo a EL TIEMPO una fuente allegada al caso.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - Corresponsal de EL TIEMPO - Caracas