Firma nicaragüense compra en México equipo para Policía de Nicaragua

San José

.- Una empresa nicaragüense compró uniformes y equipos antimotines a una compañía de México para surtir de pertrechos a la Policía Nacional de Nicaragua , pese a que esa fuerza de seguridad fue sancionada por Estados Unidos por la represión que desató desde 2018 contra los opositores políticos, reveló hoy Confidencial, uno de los principales medios de prensa de ese país centroamericano.

La transacción, por más de 300 mil dólares, fue realizada en junio de este año por las firmas privadas Servicios de Protección Física y Seguridad S.A. (Serprosa), de Nicaragua , y Giramsa S.A. de C.V., de la Ciudad de México y “con más de 20 años de experiencia en la fabricación de chalecos antibalas y pertrechos para fuerzas de seguridad”, precisó el medio digital.

“Empresa privada importa desde México pertrechos para policías antimotines”, recalcó.

EL UNIVERSAL

no logró obtener una confirmación independiente sobre el reporte periodístico en el gobierno de Nicaragua . Giramsa S.A. de C.V. fue consultada por teléfono y por correo electrónico por este diario, pero al cierre de esta información no se había recibido su respuesta.

Documentos. Creada “recientemente para operar en el comercio de armas”, Serprosa “compró a una fábrica mexicana al menos 350 uniformes y pertrechos para uso de antimotines”, por un monto superior a los 302 mil dólares, indicó Confidencial, que aseguró tener en su poder documentos sobre la operación comercial.

“Este equipamiento no se vende al público ni a empresas privadas de seguridad, por lo que su destinatario sería la Policía Nacional”, que desde el 5 de marzo de 2020 está “sancionada” por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puntualizó.

“El listado de la compra incluye: cascos; trajes completos de antimotines; escudos modelo gladiador; escudos modelo inglés; guantes y pasamontañas. De cada producto se adquirieron 350 piezas, según la lista de empaque”, precisó.

Las revelaciones se registraron en un momento de profunda tensión política en Nicaragua, agravada por la pandemia del coronavirus.

Nicaragua

cumplirá mañana 27 meses de haberse precipitado a su más grave crisis del siglo XXI y a su más honda sacudida interna desde 1990, en un conflicto que mezcló dinastía dictatorial, corrupción, represión callejera, intolerancia partidista, colapso socioeconómico, debacle institucional, censura de prensa, éxodo al exterior y presidio político.

El 18 de abril de 2018, Nicaragua registró un sorpresivo y violento estallido de un multitudinario movimiento antigubernamental. Miles de nicaragüenses se lanzaron a las calles tras una presión contenida de más 10 años de forcejeos políticos desde que, en 2007, Daniel Ortega asumió la presidencia e inició el primero de sus tres quinquenios consecutivos que deberían concluir en enero de 2022.

La protesta nació en rechazo a un plan oficialista de reformar la seguridad social. Ortega cedió al acoso popular, anuló su iniciativa y fracasó en aplacar el brote, que ganó fuerza y detonó en un reclamo incesante de democracia y de repudio a un régimen al que se le acusó de dinastía dictatorial y de corrupción con nepotismo.

Bajo el alegato de defenderse de un intento terrorista de golpe de Estado, Ortega desató la intolerancia y, en ese panorama, la Policía Nacional fue la pieza crucial para la represión indiscriminada, en asocio con estructuras parapoliciales.

Al anunciar las sanciones que el 5 de marzo anterior impuso a esa corporación policial, Washington la acusó de responsabilidad y complicidad por participar, de manera directa o indirecta, “en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.

El conteo de redes independientes de derechos humanos llegó a unos 325 muertos, pero el gobierno los fijó en unos 200. El escenario combinó postración socioeconómica e imparable deterioro institucional.

Inusual. Confidencial publicó que la Policía Nacional extendió el 31 de julio de 2019 a Serprosa una licencia para “importación de armas de fuego y municiones de uso civil”, en una autorización “inusual” porque el gobierno de Ortega canceló la entrega de ese tipo de nuevos permisos desde el estallido de las protestas en 2018.

Apegados a su costumbre política frente a estos reportes de prensa, los medios propagandísticos e informativos del gobierno de Nicaragua evitaron referirse a los hallazgos de Confidencial.

agv