Washington.— El gobierno de Estados Unidos instó ayer al resto de los países a no comerciar con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca afianzar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder y “privar definitivamente” al país de elecciones libres.
El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, afirmó que, con el avance de la enmienda en primera legislatura, la Asamblea Nacional controlada por la dupla Ortega-Murillo “socavó la ficción democrática de Nicaragua” para “consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”.
“Estados Unidos insta a sus socios internacionales a poner fin de inmediato a las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura”, escribió Rubio, quien adelantó que se anunciarán medidas en la próxima reunión ministerial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que “las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad en el hemisferio”.
La reforma a la Constitución aprobada por la Asamblea a última hora del martes establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar cargos públicos los “golpistas” y “traidores a la patria”. Además, alarga el mandato presidencial y de otros cargos populares de seis a siete años. También contempla que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en Nicaragua.
El dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro alertó que miles de empleos podrían peligrar en Nicaragua después del llamado de EU a no comerciar con el país.
“El tratamiento comercial privilegiado que ocupa Nicaragua [con EU] ya está en riesgo por esta acción de eliminar las elecciones”, señaló el líder opositor en un audio enviado a los medios desde el exilio. Chamorro recordó que casi 50% de las exportaciones de Nicaragua van hacia Estados Unidos, por lo que “miles de empleos podrían estar en peligro”.
El líder opositor anotó que Nicaragua es parte investigada, según la Ley de Comercio, y que EU “podría imponer aranceles especiales sin la necesidad de suspender a Nicaragua” del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés).
“La guerra a la democracia que ha emprendido Ortega, y [que] así lo dice el Departamento de Estado, amenaza nuestra estabilidad y prosperidad”, sostuvo.
Los cambios tienen lugar después de que la OEA aprobara en agosto la celebración de una reunión extraordinaria de cancilleres ante los llamamientos de Estados Unidos a actuar con firmeza después de las declaraciones de Ortega de querer eliminar las elecciones.
Desde la violenta represión gubernamental de las protestas de 2018 el gobierno nicaragüense ha reescrito la Constitución restringiendo cada vez más las libertades hasta anular la división de poderes y oficializar el paramilitarismo y la represión, según ha denunciado en varias ocasiones la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las autoridades han encarcelado a políticos contrarios a sus ideas y líderes religiosos, y han clausurado organizaciones de la sociedad civil mientras miles de personas han huido del país en busca de asilo, algunos incluso despojados de su nacionalidad. En julio el octogenario mandatario —que cogobierna junto a su esposa Rosario Murillo— causó un escándalo.
“Aquí no volverá a haber elecciones... Jamás, jamás, jamás”, dijo durante el aniversario de la Revolución Sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y lo llevó por primera vez al poder. Ortega regresó a la presidencia en 2007. Durante ese evento agregó que “aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno”.
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