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Gürtel
, el caso de corrupción más extenso de la democracia española llega a su fin. Tras ocho años de investigación y un histórico juicio en el que incluso el presidente Mariano Rajoy debió testificar, los jueces de la Audiencia Nacional emitirán su sentencia.
La resolución judicial afectará sólo a la primera etapa (1999-2005) de actividad de la extensa red criminal liderada por el empresario Francisco Correa , que intermediaba para cobrar comisiones ilegales de empresas que deseaban obtener licitaciones de obras adjudicadas por distintos gobiernos regionales y nacionales del Partido Popular (PP).
En el banquillo escucharán la sentencia 37 acusados. El principal es Correa (para quien la Fiscalía reclama 125 años de cárcel ), junto a diez ex altos cargos del PP, y especialmente el antiguo tesorero del partido, Luis Bárcenas, para quien se piden 39 años de prisión. Además, habrá tres partícipes a título lucrativo: uno es el propio Partido Popular y otro una de sus ex ministras, Ana Mato.
La fiscal Anticorrupción responsable del caso, Concepción Sabadell, presentó el 24 de octubre un escrito de conclusiones demoledor en el que acusó al PP de haberse beneficiado de fondos obtenidos ilegalmente.
La fiscal afirmó en un alegato que duró 12 horas que las pruebas determinaban “de manera incontestable” la existencia de una “caja negra” en el PP en la que Bárcenas almacenaba el dinero de las comisiones ilegales logradas por funcionarios electos, con el que luego pagaba sobresueldos a miembros del partido. Estas cuentas paralelas se conocieron gracias a investigaciones periodísticas que llevaron a la publicación de los llamados “ papeles de Bárcenas ”.
Sabadell destacó que no se trataba de “casos aislados” de corrupción, sino de un “sistema integral levantado para hacer dinero”, y que el PP “se benefició” de esa trama, construida por iniciativa de Francisco Correa , que aprovechaba sus buenas relaciones dentro del partido para hacer de intermediario con los empresarios dispuestos a pagar hasta un 4% de comisiones por lograr contratos públicos.
Las repercusiones judiciales para el PP de la sentencia dictada el viernes serán mínimas, principalmente porque su presunta financiación ilegal está siendo ahora instruida por otro juzgado en una de las causas derivadas de la Gürtel. Políticamente, las recientes crisis en España, especialmente el conflicto independentista de Cataluña, también han distraído a los ciudadanos del juicio.
A pesar de ello, la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy no podrá separarse nunca de los años de la corrupción inmobiliaria y los contratos públicos amañados. En un momento histórico, el pasado mes de julio el propio Rajoy se vio obligado a declarar como testigo en el juicio; y el martes pasado, el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal de la Policía Nacional , Manuel Morocho, admitió a preguntas de los diputados en una investigación parlamentaria que Rajoy, “indiciariamente”, también cobró dinero negro procedente de las comisiones, según las anotaciones de los papeles de Bárcenas.
El abogado del Estado que se ocupa del caso pidió que la Audiencia Nacional dicte una “ sentencia ejemplar ” para que no se repitan los hechos y que a cargos políticos y empresarios les dé “miedo” arreglar sobornos. El letrado calificó de “cáncer que ha afectado a la Administración” la actuación de la trama.
La investigación comenzó en 2009 por iniciativa del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón , que terminó siendo expulsado de la carrera judicial por practicar escuchas ilegales durante el proceso. El germen del caso fue una red de corrupción que afectaba al PP en las comunidades de Valencia y Madrid.
En una comparecencia muy recordada nada más estallar el escándalo, Rajoy declaró que la Gürtel no era “ una trama del PP sino contra el PP ”, puesto que su partido “no recibió ni un solo euro de las personas implicadas”.
Ocho años después, esa línea de defensa ha quedado desmontada por las exposiciones de la Fiscalía. En el imaginario español permanecerán episodios como las fiestas de cumpleaños de las hijas de la ex ministra Ana Mato y su entonces marido, Jesús Sepúlveda, pagadas por la trama criminal.
Sepúlveda
se enfrenta ahora a 15 años de prisión por cobrar comisiones por adjudicaciones valiéndose de que fue senador y alcalde de un pueblo de Madrid. La descripción de la figura de Sepúlveda que presentó la fiscal Sabadell durante el juicio ha quedado como uno de los retratos de la España de los excesos. Sepúlveda, “que era el que decidía a qué empresa había que contratar”, recibió de Francisco Correa comisiones “a modo de sueldo y con pagas extraordinarias”. Dentro de estos pagos, “en efectivo y en especie”, se encontraban un coche Jaguar y un Range Rover que la ex ministra Mato nunca se preguntó cómo habían llegado a su garaje. La Hacienda española ha acreditado que el dinero procedente de esas operaciones ilegales también sirvió para financiar la campaña electoral del PP en 2003.
