Cientos de miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona al grito de “soy español y catalán” pidiendo la unidad del país y el fin del proceso independentista.

La organización Sociedad Civil Catalana convocó la marcha, aunque la lideraron políticos de los partidos de derecha española Partido Popular y Ciudadanos. El lema del acto era “¡Basta! Recuperemos la sensatez”.

La manifestación, a la que asistieron 350 mil personas según la policía local y más de un millón según los organizadores, concluyó con la lectura de un manifiesto por parte del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el socialista Josep Borrell, ex presidente del Europarlamento.

Borrell llamó a la convivencia y advirtió de que, con el enfrentamiento político, los españoles y, sobre todo los catalanes, se están “haciendo daño unos a los otros”. Vargas Llosa aseguró que “ninguna conjura independentista destruirá la democracia española” y pidió firmeza en la defensa de sus ideas a la mayoría silenciosa de catalanes.

La “mayoría silenciosa” es uno de los términos más repetidos en esta crisis. Se refiere a todos los catalanes que no forman parte de 40% de la población de la comunidad que votó por el “sí” en el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre (2 millones de un total de 7 millones de ciudadanos). Debido al prestigio social del nacionalismo, hegemónico en los medios de comunicación y en las instituciones catalanas, la visibilidad de los partidarios de la unidad de España es mínima y no suelen participar en demostraciones públicas.

Por eso, su movilización se considera clave ante una semana en la que puede declararse la independencia. El presidente catalán, Carles Puigdemont, comparecerá en el Parlamento catalán mañana, después de que el Tribunal Constitucional prohibiera el pleno de hoy en el que debía anunciar oficialmente los resultados del referéndum, activando la secesión.

No está claro qué hará Puigdemont en ese pleno. Anoche, en una entrevista en la televisión catalana TV3, dijo que cumplirá su promesa: “La declaración de independencia (...) está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley”.

Pero en los últimos días la situación se ha ensombrecido para el campo secesionista, y muchos en sus filas comienzan a pedir que se aparque la declaración de independencia y se abra un periodo de calma institucional tendiendo puentes al gobierno español, que no acepta conversar con la Generalitat (el gobierno catalán) mientras siga activa la amenaza de esa declaración.

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, descartó ayer que Cataluña vaya a independizarse de España y aseguró que tomará las decisiones que hagan falta dentro de la ley, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitiría suspender la autonomía de la región.

Preguntado sobre si su Ejecutivo puede impedir que el Parlamento catalán declare la secesión, Rajoy dijo en una entrevista que publicó ayer El País que su responsabilidad “es proceder a su anulación y que no entre en vigor nunca”. Aseguró que no descarta “absolutamente nada”.

Algunas de las grandes empresas de Cataluña han decidido estos días trasladar su sede social a otros puntos de España para evitar las consecuencias de una secesión y la salida de la Unión Europea. El Banco Sabadell y Gas Natural ya lo hicieron.

Esta diáspora ha asustado a la Generalitat, porque anuncia una tormenta económica que se une a todas las dificultades que ya hacían pensar que una independencia real a corto plazo sería inviable. Con estas dudas, Puigdemont debe decidir qué hará: cumplir su palabra y anunciar la creación de una república catalana, optar por una solución intermedia, como un plan de independencia gradual, o la convocatoria de unas elecciones regionales para fortalecerse.

El problema es que sus socios en la Generalitat, los partidos ERC y CUP, podrían revolverse contra Puigdemont si no culmina la ruptura con España. La presión en las calles es muy fuerte, con las dos grandes asociaciones civiles secesionistas en continua movilización. Decepcionar a 2 millones de personas enfervorizadas desde el referéndum es una misión compleja. Con información de Agencias

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