Washington. El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aceptó declararse culpable de un único cargo por conservar información clasificada, en virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia que podría permitirle evitar una pena de prisión, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Bolton es uno de varios adversarios del presidente Donald Trump que han sido procesados durante el último año por la administración republicana. Una investigación del FBI sobre Bolton irrumpió en la esfera pública en agosto, cuando agentes federales allanaron su casa y su oficina en Maryland.
El acuerdo resolvería un caso penal presentado en octubre, que acusó a Bolton de 18 cargos por conservar o difundir información clasificada, incluidas notas a modo de diario de su etapa en el gobierno que, según funcionarios, compartió con miembros de su familia mientras preparaba unas memorias sobre su tiempo en el cargo.

Según el acuerdo, Bolton también afrontaría una multa de 2.25 millones de dólares, indicó la persona, que insistió en el anonimato para hablar de un pacto que no se había hecho público. Cualquier condena de prisión quedaría limitada a cinco años, pero el acuerdo le permite evitar pasar tiempo entre rejas, aunque el castigo dependerá en última instancia de un juez.
Bolt es una figura de larga trayectoria en los círculos republicanos de política exterior, conocido por sus posturas belicistas sobre el poder estadounidense. Estuvo más de un año en la primera administración de Trump antes de ser despedido en 2019 y publicar un libro crítico sobre el presidente.
La administración luchó sin éxito por bloquear la publicación de “The Room Where it Happened”, con el argumento de que el libro corría el riesgo de revelar información clasificada. El acuerdo de culpabilidad al que se acogerá Bolton abarca las notas que compartió con familiares, en lugar de información contenida en el libro.
Está prevista una nueva comparecencia para la lectura de cargos, que por lo general indica un acuerdo de culpabilidad, para el 26 de junio en un tribunal federal en Greenbelt, Maryland.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.