Al alza, reclutamiento de menores en Colombia; HRW, señala a redes sociales como herramienta

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia va al alza, siendo los niños indígenas los más afectados, y las plataformas sociales se han convertido en herramienta de reclutamiento, advierte la organización Human Rights Watch (HRW), en un informe publicado este domingo.

Al menos mil 500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021, de acuerdo con un análisis que hizo HRW con base en datos de la Defensoría del Pueblo. “Las cifras disponibles apuntan a un fuerte aumento de casos desde 2023”, señala en el informe “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”.

Las disidencias de la desaparecida guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables de la mayoría de menores reclutados, señala HRW, que realizó 184 entrevistas a funcionarios de gobierno, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, así como organizaciones de derechos humanos, entre otros.

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Entre los hallazgos del informe destaca que niños y niñas indígenas representan casi la mitad de casos documentados de menores reclutados. “Más del 30% tenían entre 10 y 14 años, cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra, según el derecho internacional”, indica HRW. “Se están llevando a toda una generación”, dijo un líder indígena a la organización a la ONG. “Están poniendo en riesgo la existencia de nuestra comunidad y nuestra cultura”.

“A estos niños les arrebatan la infancia y los convierten en piezas para la guerra. Los alejan de sus familias, los usan como mensajeros, para recopilar información o participar en combates, y las niñas quedan particularmente expuestas a la violencia sexual, incluidas relaciones forzadas con comandantes. Su recuperación y reintegración, cuando logran salir, es un camino largo y difícil. Muchos nunca vuelven a casa”, señala, en declaraciones a EL UNIVERSAL, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el que tiene que ver con el uso de plataformas como Facebook y TikTok para reclutar a los menores. Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en estas plataformas que “glorificaban la pertenencia a grupos armados e invitaban a usuarios a unirse a ellos”, advierte HRW.

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En estos sitios, los grupos armados publican ofertas de trabajo que “son, en esencia, artimañas destinadas al reclutamiento, y contactar a niños y niñas a través de foros de chat públicos y servicios de mensajería privada”. Las plataformas, acusa la organización, “no han sido efectivas detectando ni eliminando dicho contenido, y tampoco han prevenido adecuadamente su difusión. En algunos casos, sus algoritmos parecían promover estas publicaciones, lo que muy probablemente amplió considerablemente el alcance de los grupos armados”, alerta.

“Las plataformas de redes sociales deben fortalecer sus mecanismos de detección y moderación de contenido, remitir casos a las autoridades cuando hay un riesgo inminente, y tener canales de denuncia pensados para ellos, con respuesta rápida y transparencia sobre qué se hizo con cada reporte”, subraya Goebertus a este diario.

Los grupos armados, dice HRW, “se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación para reclutar a niños, niñas y adolescentes con promesas de poder, dinero y prestigio”.

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El reporte encontró que muchos niños y niñas son reclutados a través de intermediarios y reclutadores civiles que reciben hasta mil dólares (16 mil 897 pesos, al tipo de cambio actual), por cada niño o niña que reclutan. Los menores han sido reclutados incluso escuelas rurales y residencias escolares.

El informe cita ejemplos como uno ocurrido el 15 de octubre de 2025, en Timba, en el Cauca -destino de 57% de los menores reclutados-, en el que la Guardia Indígena, un grupo voluntario desarmado que patrulla los territorios indígenas, rescató a dos niñas de 14 y 15 años que fueron reclutadas por el Estado Mayor Central (EMC), una coalición de facciones disidentes de las FARC. Sin embargo, hombres armados del EMC recuperaron a las niñas y se las llevaron. “No pudimos hacer nada”, dijeron los elementos de la Guardia Indígena. Las niñas fueron liberadas el 20 de octubre, en medio de una creciente presión pública.

Otro caso, que da título al informe, es el de una niña de 16 años que dijo haber sido reclutada cuando regresaba a casa después de la escuela, en la noche. “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”, confesó.Una vez reclutados, los menores son trasladados a regiones lejos de las familias, para así romper sus lazos y dificultar una eventual fuga, explica HRW. “Posteriormente, los obligan realizar diversas tareas, entre ellas labores de inteligencia, manejo de drones y participación en combates. Las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual, lo que incluye mantener relaciones forzadas con los comandantes”, advierte.

Lee también HRW reconoce que el gobierno colombiano ha establecido políticas públicas y estrategias para prevenir el reclutamiento de menores y para rescatarlos y garantizar su reintegración. Sin embargo, añade, “en la práctica, estas políticas presentan graves deficiencias”.

HRW reconoce que el gobierno colombiano ha establecido políticas públicas y estrategias para prevenir el reclutamiento de menores y para rescatarlos y garantizar su reintegración. Sin embargo, añade, “en la práctica, estas políticas presentan graves deficiencias”.

La Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), aprobada en 2018, “está desactualizada y carece de un plan de acción claro” determina HRW. Tampoco cuenta con los recursos necesarios.

“Las autoridades locales suelen carecer de la capacidad, el presupuesto y el apoyo necesarios para llevar a cabo las políticas de manera efectiva”, acota.

La Guardia Indígena, que hace esfuerzos para rescatar a menores reclutados, ha visto cómo sus líderes son asesinados, en represalia.

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En la última década, detalla el informe, apenas alrededor de 1% de las denuncias sobre reclutamiento de menores ha derivado en investigación penal y solo 0.2% resultó en una condena. Sin embargo, incluso en estos casos, los acusados son mayoritariamente autores materiales, “no máximos responsables”.

“El gobierno está fallando en varios frentes: la política de prevención está desactualizada y sin presupuesto, los municipios no tienen capacidad para sostenerla, y el sistema de recuperación y reintegración es desigual. Este reconoce como víctimas a unos niños y criminaliza a otros según qué grupo los reclutó. A eso se suma que, en general, los responsables se mantienen impunes, porque los fiscales no tienen ni los recursos ni la seguridad para hacer su trabajo. Su rol debería ser construir estrategias sólidas de prevención, fortalecer a las instituciones locales y a la Fiscalía, y garantizar el rescate y reintegración de los niños sin distinciones”, dice Goebertus.

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Frente a este escenario, HRW ve en la llegada de Abelardo de la Espriella al gobierno colombiano como una oportunidad de acción. Se requieren, dice la organización, “medidas decisivas” que vayan más allá de un “despliegue militar o el uso de la fuerza letal, aspectos que el gobierno ha indicado que pretende priorizar”.

Lo que se requiere, concluye la organización, es “una política integral de seguridad y justicia centrada en proteger a la población civil, en enjuiciar a los comandantes responsables de las violaciones y en adoptar medidas significativas para abordar los problemas subyacentes que permiten que los grupos armados prosperen, incluidas las economías ilícitas, la pobreza a nivel rural y la corrupción”.

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