Sinaloa, ¿qué hacer?

El episodio de Rocha pinta de cuerpo entero a este régimen. Es la muestra de la desorganización, de la soberbia, de un nulo sentido de Estado y de mínimo orden. Debería preocupar no solo al gobierno y a Morena, sino a todos, porque enseña que la desfachatez y el desvarío del régimen no tienen límites.

El orden de los factores aquí sí altera el producto. Primero, la reincorporación de Rocha a sus funciones como gobernador; luego el asombro de la presidenta, que se enteró por medio de un “tuit”. Después, su pronunciamiento en contra de la decisión de Rocha, luego los desplegados de desmarque por parte de los diversos actores del oficialismo. Y, finalmente, la nueva licencia de Rocha. Insisto: no estamos ante un desliz cualquiera, sino ante algo que muestra cómo las costuras del régimen empiezan a pudrirse.

Las implicaciones políticas son obvias. Esta semana lloverán las especulaciones y los reclamos de diversos actores. Y quizá veamos alguna acción por parte del gobierno de EE. UU. Pero lo único que puede resolver de fondo el asunto son dos acciones que deben hacerse simultáneamente.

Primero, Rocha debe enfrentar todo el peso de la ley. Espero que la Fiscalía General de la República sí tenga elementos para armar una buena carpeta de investigación y solicitar su judicialización. La vinculación a proceso debería darse cuanto antes, y ahí deberían imponerle las medidas cautelares que impidan que se sustraiga de la justicia. A diferencia de los miles de mexicanos sometidos a prisión preventiva sin buenas razones, aquí sí hay razones de sobra para imponerla, porque hay un claro riesgo de fuga.

Segundo, la oposición no debe cejar en su demanda de hacerle juicio político. A diferencia del desafuero —o declaración de procedencia—, aquí no hay duda de que procede contra servidores públicos que tengan licencia. Si bien la sanción es meramente administrativa —destitución del cargo e inhabilitación—, sería un mensaje políticamente potente que todo el Congreso de la Unión condenara a Rocha. Hay que evaluar con cuidado la posibilidad de desaparecer poderes en Sinaloa. Una intervención federal de ese calado no debe ser producto de un cálculo coyuntural, sino de uno que realmente sirva para recuperar el estado. Debe haber una estrategia y un claro plan de gobernabilidad. La desaparición de poderes no es cualquier cosa.

Ambas acciones obedecen a que la situación es ya insostenible. Sinaloa está en llamas, la sociedad está desesperada y tenemos a una persona que trata a la gubernatura como un juguete. Espero que la presidenta y su círculo cercano se hayan dado cuenta de su falta de control político sobre sus huestes, y que entiendan que lo mejor que pueden hacer es actuar. La impavidez ya no es opción. Se le acabó el tiempo.

Cuenta de X: @MartinVivanco

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