Un millón en la CDMX se asume como indígena: estudio

Secretaría de Cultura presenta diagnóstico de comunidad; “discriminación y marginalidad social, flagelos del sector”

Metrópoli 12/08/2018 03:53 Sandra Hernández Actualizada 04:16

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La Secretaría de Cultura local presentó un diagnóstico sobre personas indígenas habitantes de la Ciudad —donde un millón de personas se reconocen como indígenas—, en el que destaca que las autoridades necesitan involucrar a este sector en políticas públicas para garantizar sus derechos individuales y colectivos.

De acuerdo con el diagnóstico, la capital registra una población que hablan alguna lengua indígena de 123 mil 224 individuos, es decir, 1.3% de los capitalinos integran este sector.

La mayor cantidad de hablantes de lengua originarias están en Iztapalapa con 30 mil 226 personas; seguido de Gustavo A. Madero, con 14 mil 997; Tlalpan, 10 mil 34, y Álvaro Obregón, 8 mil 575 personas.

Estas personas hablan 57 de las 68 lenguas originarias de la República como náhuatl, mixteco, zapoteco, otomí, mazateco, mazahua y mixe.

Iván Pérez Téllez, actual responsable del Área de Asuntos Indígenas, señaló que antes de implementar alguna política pública a favor de los indígenas, en 2014 se planeó este diagnóstico para visibilizar y dignificar a este sector de la sociedad.

De ahí surgió la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que este año cumple su quinto aniversario y que se llevará a cabo del 24 de agosto al 2 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Discriminación latente. En opinión de Iván Pérez Téllez, uno de los datos relevantes es el alto grado de discriminación que enfrentan los habitantes de estas comunidades, pues según un estudio elaborado en 2013 por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), se detectó que representan el primer grupo más segregado, supera el índice de exclusión que afecta a las personas con VIH, discapacitadas y en situación de calle.

El diagnóstico disponible para su consulta vía internet refiere que los indígenas que habitan en la capital son “contemporáneos” o “urbanos”, y han sido objeto de discriminación y marginalidad social, pues tienen dificultados para acceder a la salud, justicia equitativa y vivienda digna.

En ese sentido, se reportó que 40% de la población indígena en la Ciudad vive en vecindades en mal estado, pues carecen de servicios básicos como agua, luz o drenaje.

En el Centro Histórico los indígenas suelen vivir en edificios destinados a ser demolidos o que se encuentran en malas condiciones estructurales. Otros viven en barrancas al poniente de la capital, en los cerros del norte y del sur en predios abandonados, bodegas de mercados o vía pública.

El documento indica que los indígenas están expuestos a un contexto “adverso” de discriminación y exclusión, para lo cual implementaron estrategias para seguir siendo indígenas en la metrópoli.

Apostaron por la vía educativa, por el acceso a la educación media superior y universitaria, por la profesionalización de los nietos e hijos, al tiempo que otros continuaron en el comercio informal o en las labores de la construcción o trabajo doméstico.

Algunos decidieron mantener la lengua, en otros casos fue desplazada por el uso del idioma español.

“La deuda histórica con la población indígena obliga a una Ciudad como la nuestra a tomar cartas en el asunto. Por ello, la implementación de una política cultural orientada a este sector poblacional trata de contribuir, de algún modo, a saldar este compromiso”, se lee en el diagnóstico.

Vulneración de derechos. La semana anterior, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y Tribunal de Justicia capitalinas por la vulneración de los derechos humanos de personas indígenas.

La recomendación incluye 12 expedientes con 14 víctimas directas quienes no recibieron ayuda de un traductor de su lengua natal durante un proceso penal y ahora están en prisión, hecho que viola sus derechos a la libertad y seguridad personales a un debido proceso y acceso a la justicia.

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