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Los trabajos de mantenimiento y la detención del alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, revivieron la polémica sobre el uso del Parque Reforma Social.

Tras salir de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo, Romo Guerra comentó que se le imputaron los delitos de allanamiento y por interferir en funciones de la propiedad privada, luego de que acudió con una cuadrilla de trabajadores para hacer trabajos de mantenimiento en el parque; sin embargo, aseguró que demostrará los alegatos contrarios a los que se le acusó y que continuará con las labores de remozamiento, aunque tenga que ir constantemente al Ministerio Público.

“Jurídicamente se presentó la parte acusadora, tuvo que dar a demostrar su personalidad jurídica; a su vez, di mis alegatos, me reservé para dar las particularidades técnicas y se presentará un escrito por parte de la alcaldía”, indicó el edil.

Julio Escobar, representante legal de la Asociación Carlos Cuevas Lascurain, acusó que Romo Guerra cometió un delito, debido a que el predio es privado, por lo que dejó abierta la investigación. Detalló que el parque no está en litigio, pues un juez les otorgó la propiedad y sólo están a la espera de que se ajuste el uso de suelo, que en los años 70 era habitacional.

“Un decreto consideró federal este terreno, la Asociación Carlos Cuevas Lascurain se ampara, gana el litigio y ese decreto, como tenía una finalidad de hacerlo un parque, se le dio el uso de suelo de área verde, pero al ganar el amparo se retrotraen los efectos y se tiene que restablecer el uso de suelo de 1977, que era uno habitacional”, explicó el representante.

En contraste, Romo Guerra denunció que el parque tenía 36 años de ser público y que por la corrupción de los jueces se le dio a un privado, quienes ahora buscan cambiarle el uso de suelo para convertirlo en habitacional; sin embargo, aseguró que estará trabajando para que el espacio regrese a la Ciudad de México.

“La situación jurídica dice que es privada pero de goce público, es un mix muy extraño y está un litigio con el juez de distrito para ver si se le da el uso de suelo para que sea habitacional, hoy tiene un uso de suelo de área verde y de equipamiento, no se podría construir nada y esperemos que el juez de distrito no tenga la tentación de darle el uso de suelo habitacional, sería un golpe al desarrollo urbano, a las áreas verdes y vamos a defenderlo”, comentó.

Afirmó que tanto el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, como la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, le comunicaron que trabajarán en una ruta para que el Parque Reforma Social siga siendo un área verde, incluso, pedirá el apoyo del Congreso de la Ciudad y los concejales de la demarcación.

Mientras tanto, Julio Escobar comentó que seguirán con la denuncia y analizan una estrategia legal, pues aseguran que, a diferencia de la alcaldía, actuarán conforme a derecho.

Destacó que las anteriores administraciones han querido comprar el predio, pero no al precio correspondiente, incluso Xóchitl Gálvez Ruiz le ofreció cerca de 200 millones de pesos, pero su valor actual es de mil 800 millones de pesos.

Desde 2010, vecinos de la colonia Reforma Social han tenido conflictos con la familia Cuevas Lascurain, tras señalar que por un decreto presidencial el predio se convirtió en un parque público. En 2013 hubo un zafarrancho cuando unas personas a bordo de camiones llegaron de noche a intentar bardear el lugar, pero los vecinos salieron a impedirlo y hubo agresiones entre ellos.

En ese momento, Romo Guerra era el jefe delegacional, quien junto al Gobierno capitalino no pudieron concretar una negociación o compra del predio; tampoco lo lograron los ex jefes delegacionales Xóchitl Gálvez y David Rodríguez, de 2015 a la fecha.

Vecinos han denunciado que en esta superficie los particulares pretendían llevar a cabo un desarrollo inmobiliario de departamentos, por lo que afectará el entorno urbano.

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