Toluca, Méx.- Hasta ocho años de cárcel, por el de la infraestructura hidráulica cometido en el

y los municipios, propusieron los diputados de Morena del Congreso mexiquense.

El diputado Daniel Sibaja González (Morena) presentó la y precisó que este fenómeno se registra principalmente en Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla, donde se agrava por casos de negocios como autolavados, purificadoras de agua, hoteles e industrias que realizan tomas clandestinas de agua para incrementar su caudal sin hacer el pago correspondiente, adicionalmente a la presencia de grupos que por la fuerza desconectan las tuberías para dejar sin agua a las comunidades, sustraen el líquido y lo venden a las familias.

“Se ha detectado que personas están lucrando con este líquido mediante el desarrollo de tomas clandestinas y con ello desarrollan acciones de extracción del agua potable, lo que de alguna manera ocasiona que el caudal de agua disminuya y no llegue a las viviendas que cuentan con sus tomas domiciliarias, afectando enormemente su derecho al servicio y goce de agua potable”, explicó el diputado.

Durante la sesión ordinaria, Sibaja González expuso que tan solo en Ecatepec “miles de personas carecen de agua en sus domicilios”; alegaron que la gente enfrenta desde hace años una severa escasez en sus hogares y cuentan con servicio intermitente por diversos factores, entre ellos, la instalación de en las redes para sustraer el líquido de manera ilegal y hacer negocio con la misma.

Lamentó que la normatividad actual para sancionar la sustracción de agua es laxa y actualmente es complicado castigar el ilícito, por ello realizaron mesas de trabajo con la Fiscalía General de Justicia para enriquecer la propuesta en busca de una ley efectiva.

Por lo anterior, diputados de Morena plantearon reformas al Código Penal estatal para sancionar a quien sin justificación impida o restrinja el flujo del agua destinado al suministro de los usuarios con penas de 2 a 6 años de prisión y de 50 a 200 días multa . Para quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal o municipal para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios penas de 1 a 3 años de cárcel y de 100 a 500 días de multa.

También se establecen sanciones a quien tome, almacene o transporte agua sustraída de la infraestructura hidráulica estatal o municipal de 1 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multa, en función del volumen sustraído.

Al propietario, arrendatario, poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación, pero no lo denuncie se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 150 a 300 días de multa. La iniciativa fue canalizada para su análisis y dictaminación a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y la de Recursos Hidráulicos.

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apr/cls

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